Modulo De Legislacion Educativa Version 2009 153e

CURSO ACADÉMICO DE LEGISLACIÓN EDUCATIVA EN COLOMBIA

AUTOR: JOSÉ ALFONSO VALBUENA LEGUÍZAMO1 [email protected]

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

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El autor es profesor universitario, Abogado, Conciliador en Derecho, Magíster en Derecho (c) de la Universidad Nacional de Colombia.

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“El objeto de la educación es formar seres aptos para gobernarse a sí mismos, y no para ser gobernados por los demás”. H. Spencer.

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INTRODUCCIÓN El Curso Académico de Legislación Educativa dirigido a los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, es un curso teórico, de dos créditos, ofrecido por la Escuela de Ciencias de la Educación. Se cuenta con 32 horas de acompañamiento tutorial que pueden ser directas o mediadas y 64 horas promedio de trabajo independiente representado en la producción en pequeños grupos colaborativos y trabajo individual. El curso está dividido en dos unidades didácticas. En la primera unidad se exponen los principales hitos en el desarrollo de la educación en Colombia, acompañados de las normas jurídicas que les dieron lugar, desde los antecedentes precoloniales hasta el año de 1991 cuando se proclamó la Constitución Política vigente. En la segunda unidad abordamos el tema de Legislación Educativa a partir del año 1991. Se ubica la relación existente entre la educación como derecho humano, los instrumentos internacionales y la Constitución Política. Seguidamente se presentan las normas legislativas y decretos que tienen la mayor importancia en el campo de los modelos, niveles y modalidades de la educación en Colombia con una reflexión acerca de la problemática actual.

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JUSTIFICACIÓN Hablar de Legislación Educativa en Colombia, implica no solamente hacer una exposición de normas jurídicas en este campo, también significa reconocer contextos históricos en que se expidieron dichas normas y las problemáticas que se han suscitado. Con lo anterior, hablar de desarrollos legislativos en Colombia en el tema de educación, también significa reconocer en los instrumentos internacionales y la Constitución Política una fuente importante que posibilita entender la educación como un derecho humano, más que un servicio que presta el estado y los particulares. Consecuente con lo anterior, el curso académico de Legislación Educativa se presenta como un espacio académico en el que la normatividad debe ser analizada en contexto con los hechos, para una mejor comprensión de los modelos, las modalidades y los sistemas educativos, que por supuesto, no son asépticos política ni ideológicamente.

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OBJETIVOS •

Analizar los principales hitos en el desarrollo de las normas jurídicas dirigidas a la educación en Colombia.

•

Identificar el contexto histórico en que se dieron los diferentes desarrollos legislativos y constitucionales en el tema educativo.

•

Reconocer la importancia que tienen los instrumentos internacionales en materia del derecho humano a la educación y la Constitución Política dentro del sistema jurídico colombiano.

•

Evaluar los principales temas que se han regulado en Colombia en materia educativa en los diferentes niveles del sistema.

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Indagar sobre la problemática actual del sistema educativo en Colombia.

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CONTENIDO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS Pág. UNIDAD I DESARROLLO CONSTITUCIONAL Y LEGISLATIVO: SIGLO XVI - XX Capítulo 1 La Educación durante la Colonia Lección 1 Educación indígena y llegada de los españoles Lección 2 Papel de las órdenes religiosas Lección 3 Los colegios y las escuelas elementales Lección 4 Las universidades Lección 5 La educación previa a la independencia Capítulo 2 La Educación durante el Siglo XIX Lección 1 Descripción general de la educación durante el Siglo XIX Lección 2 Comienzos de la República Lección 3 Constituciones previas a 1886 Lección 4 La obra de Santander Lección 5 La Constitución de Núñez y el Concordato: otra oportunidad para la iglesia en la educación Capítulo 3 La Educación durante el Siglo XX Lección 1 Período 1903 -1929 Lección 2 Período 1930 -1950 Lección 3 Período 1951 - 1976 Lección 4 Período 1977 - 1986 Lección 5 Período 1986 - 1991 UNIDAD II LEGISLACIÓN EDUCATIVA A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991 Capítulo 1 Instrumentos internacionales, Constitución Política y Educación Lección 1 La educación en instrumentos internacionales Lección 2 Bloque de constitucionalidad Lección 3 La educación en la Constitución Política Lección 4 El núcleo esencial del Derecho a la Educación Lección 5 Actos Legislativos reformatorios Capítulo 2 Educación Preescolar, Básica y Media Lección 1 Legislación previa a la Ley General de Educación Lección 2 Ley General de Educación Lección 3 Normas posteriores a la Ley 115 de 1994 Lección 4 Educación para la democracia, estándares en educación y Competencias ciudadanas Lección 5 Problemática actual Capítulo 3 Educación Superior y Educación para el Trabajo Lección 1 Legislación previa a la Ley de Educación Superior Lección 2 Ley 30 de 1992 Lección 3 Normas posteriores a la Ley 30 de 1992 Lección 4 Educación para el trabajo y el desarrollo humano Lección 5 Problemática actual

7 8 9 12 14 16 18 19 20 22 24 26 30 31 33 35 37 38 39 40 41 45 46 49 50 52 53 54 59 62 66 68 69 71 74 78 80

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UNIDAD I:

DESARROLLO CONSTITUCIONAL Y LEGISLATIVO: SIGLOS XVI - XX.

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www.panoramio.com/photo/4320027

En la presente unidad nos aproximaremos al surgimiento y el desarrollo histórico que ha tenido la legislación educativa en Colombia. Iniciaremos con una breve descripción de la educación precolombina, para continuar con un abordaje de los principales hitos de la educación en la Colonia, en la época de la Independencia, los siglos XIX y XX. 7

CAPÍTULO 1:

LA EDUCACIÓN DURANTE LA COLONIA.

http://bogowiki.org/img/colegio-san-bartolome-500

En el presente capítulo abordaremos una breve descripción de la educación precolombina; el papel de las órdenes religiosas en la educación colonial; la educación en colegios, escuelas elementales y universidades, finalmente revisaremos la situación de la educación previa a la Independencia. Como referente histórico debemos ubicar que la Colonia tuvo como punto de partida la creación por parte del Emperador Carlos V de la "Real Audiencia" de Santa Fe, en l550. La historia colonial transcurre con el progresivo vasallaje de los indígenas rebeldes, la importación de esclavos africanos; la teología, la caza de brujas y el eurocentrismo como los pilares de la vida intelectual. En los siglos XVII y XVIII, surge una imponente y compleja organización burocrática, jurídica, social y política del Estado español en las Indias, que con las reformas introducidas a finales del siglo XVIII se prolonga hasta la emancipación de los territorios americanos2.

2 BOCANEGRA ACOSTA, Elsa María. Las prácticas de crianza entre la Colonia y la Independencia de Colombia: los discursos que las enuncian y las hacen visibles. En: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales. 2007. www.umanizales.edu.co/revistacinde/index.html.

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LECCIÓN 1:

EDUCACIÓN INDÍGENA Y LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES.

La riqueza ancestral indígena en lo que hoy es Colombia fue desdeñada si no ignorada durante la Conquista y la Colonia, sin embargo, al conocer hoy todas sus creaciones materiales e inmateriales, el asombro surge al tiempo que varias preguntas: ¿Cómo se alcanzó tal grado de preparación y perfeccionamiento?; ¿cuáles fueron las condiciones políticas y económicas que permitieron determinado desarrollo?; ¿quiénes proyectaron, dirigieron y ejecutaron esas obras?; ¿qué establecimientos albergaron a instructores y aprendices?; ¿qué relaciones sociales se anudaron entre los habitantes de esos pueblos?; ¿qué sistema productivo permitió la acumulación necesaria para realizar importantes obras comunitarias?. Una respuesta se hace obvia: la certeza sobre la existencia de sistemas educativos, transmisión de conocimientos y de preparación para los oficios.3 Si bien es cierto que no puede alcanzar a hablar de una legislación indígena en el tema educativo, las comunidades si tuvieron sus sistemas tradicionales de educación, a través de los cuales se lograron transmitir las visiones del mundo, la filosofía, los relatos míticos, la medicina ancestral, las tradiciones, las prácticas, los valores, los conocimientos acerca de la orfebrería y los tejidos. Lo anterior tiene que ver con el espacio de aprendizaje indígena, que estaba ligado a la naturaleza, al territorio y a sus creencias, que en conjunto conformaban su universo, su cosmos, un diálogo permanente con el entorno. El espacio de aprendizaje indígena se caracterizó por todos los espacios propios de su cotidianidad, su hábitat, el río, el bosque, la tierra, la vivienda, el trabajo, la casa sagrada y, en general, las actividades diarias que realizan para la subsistencia. Se desprende entonces el concepto de un territorio como espacio de aprendizaje, en donde todos los acontecimientos hacen parte de la dinámica propia de las comunidades, de tal manera que el lema, “aprender haciendo”, que tienen las comunidades indígenas en sus currículos es la aprehensión de dicho concepto visto a través de la cotidianidad4. Pueblos y culturas pertenecientes a cuatro de las grandes familias lingüísticas de Suramérica nos dejaron sus legados, producto de ese “aprender haciendo”: Arawaks, Caribes, Chibchas y Quechuas5. Los muiscas, por ejemplo, alcanzaron 3

SUÁREZ, Carlos Alberto. Sobre la Educación precolombina. Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales. Nº 6. Mérida-Venezuela, 2001. 4 http://www.unalmed.edu.co/mediateca/investigaciones_indigenas/amerindias_educacion.htm 5 Los ARAWAK se situaron en la costa norte y en la llanura amazónica; los CARIBE en la costa norte, montañas de Antioquia, Costa Pacífica, valle del Magdalena y llanura amazónica; los CHIBCHAS en la cordillera oriental, cordillera central y Sierra Nevada de Santa Marta, con representantes en Centroamérica, el Darién y Ecuador; y los QUECHUAS, en el Macizo Colombiano y Putumayo. A estas grandes culturas se agregan familias más pequeñas: GUAHIBOS, TUCANOS, SÁLIBAS, WITOTOS, BORAS; además las culturas MAKÚ, KAMSÁ y TICUNAA. En: http://www.etniasdecolombia.org/grupos_mestizos1.asp

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notables avances en las técnicas de la agricultura, planificaron la agricultura con base en el calendario y atendiendo a observaciones meteorológicas y climáticas; desarrollaron la práctica de la alfarería, con variedad y calidad en la cerámica; la orfebrería, con el uso de aleaciones de oro y cobre. La industria del hilado y el tejido del algodón, según la tradición chibcha, fue enseñada por Bochica en sus predicaciones, además de otros oficios y artes. El respeto de los chibchas por los lagos, las montañas y las rocas fue enseñado tras generaciones; de igual manera se difundieron las técnicas de momificación de muertos. Una percepción sincrónica y circular, que no lineal como la europea, se presenta en la mentalidad del mundo indígena. El indígena aprendió de sus antepasados que al acabar un ciclo y llegar uno nuevo, el tiempo vuelve sobre el mismo, logrando un cambio en la sociedad, una nueva forma de vida sustentada en las supervivencias del pasado6. Pero no todo podía ser armonía, llegarían los españoles a conquistar. Para legitimar sus acciones ante el mundo, los peninsulares contaban con tres tipos de instrumentos. Los documentos con los que se transmitía esa legalidad jurídica de la conquista fueron las capitulaciones, las instrucciones y el requerimiento. La capitulación era un contrato bilateral entre la Corona y la Empresa Indiana representada por el jefe expedicionario. Las instrucciones se materializaban en una minuta concreta acerca de la manera de realizar las expediciones conquistadoras y colonizadoras para la organización de las primeras formas de gobierno en la Colonia7. El requerimiento era la forma de legalizar la conquista desde el punto de vista del derecho español, consistente en un documento jurídico para justificar la conquista, haciéndole saber a los indígenas que los conquistadores en nombre del Rey de Castilla, respaldados por la donación hecha por el Papa Alejandro VI, incorporaban sus tierras al dominio del rey, quien en recompensa “les haría mercedes y enseñaría la fe cristiana”. De no sujetarse a este aviso, los españoles tenían el derecho de hacerles la “guerra justa”8. Así fue, el casi total exterminio de los pueblos indígenas en nuestras tierras, no impidió, sin embargo, que hoy podamos conocer su pensamiento recogido a través de la oralidad. No se podría expresar en mejores palabras la concepción de saber ancestral de los indígenas sobre el universo y el “derecho”9: “Nuestros derechos como pueblos indígenas, nacen desde el origen, con nuestra existencia y la garantizan, son integrales y colectivos, hacen parte de un mundo propio y reflejan nuestra identidad étnica y cultural y determinan las formas y el respeto como debemos 6

OCAMPO LÓPEZ, Javier. HISTORIA básica de Colombia. Ed. Plaza y Janés.8ª. ed., Bogotá, 2000. OCAMPO, Op. Cit 8 OCAMPO, Op. Cit 9 ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA ONIC. Lanzamiento de la obra: “Compilación y selección de los fallos y decisiones de la Jurisdicción Especial Indígena 1980 – 2006”. 7

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relacionarnos entre nosotros, con la naturaleza, los espíritus y con los demás seres vivos que nos acompañan… nuestra Ley de Origen, nuestro Derecho Mayor o Derecho Propio, que nos asiste y otorga identidad, son nuestras leyes, formas de gobierno y justicia propia. La ley de origen es la ciencia tradicional de la sabiduría y el conocimiento ancestral indígena, para el manejo de todo lo material y espiritual, cuyo cumplimiento garantiza el equilibrio y la armonía de la naturaleza, el orden y la permanencia de la vida, del universo y de nosotros mismos…En la tradición indígena todo lo que existe tiene origen, madres y padres, dueños, espíritu, vida propia, función, utilidad y deberes de reciprocidad, derechos y deberes; finalmente, derecho de ser, derecho de existir, no en función del ser humano individual y como centro del universo, sino con entidad propia dotada de cualidades particulares; todo posee igualmente un lugar en la creación y en el mundo indígena… Nuestra concepción de universo es integral, la integralidad territorial y política es la máxima connotación ancestral de nuestros pueblos, que se sustenta en la misión de protección y conservación, acciones que nuestras autoridades deben ejercer y cumplir. El significado profundo y la explicación de la integralidad, se resume en un eje básico para el hombre: la vida. Todos los elementos del territorio son portadores de vida y se constituyen en principio de vida entre todo lo existente, vista desde el orden social y político, como también desde la visualización profunda del pensamiento y del espíritu.

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LECCIÓN 2:

PAPEL DE LAS ÓRDENES RELIGIOSAS.

El papel que jugaron las órdenes religiosas en la educación durante la Colonia es indiscutible, primero las llamadas “órdenes mendicantes” y luego también los jesuitas. Abel Naranjo no comenta al respecto: “En la acción evangelizadora en el siglo XVI predominaron las comunidades religiosas y en especial las llamadas Órdenes Mendicantes: los dominicos, franciscanos, agustinos y las carmelitas posteriormente surgieron los jerónimos, los mercedarios y otros. Las órdenes mendicantes son aquellas cuya regla impone la pobreza de los religiosos y de los conventos, y cuyo sostenimiento debe basarse en la limosna de los fieles”10 Hacia 1540, los españoles a través de estas órdenes ya habían comenzado la apertura de pequeñas escuelas en sus conventos en la Nueva Granada. Antes de 1542 el padre jerónimo de Loaisa había solicitado permiso para abrir un colegio, el cual fue concedido por el rey Carlos V de España a condición de que le brindara educación gratuita a los hijos de los caciques. Sin embargo, Loaisa no pudo concretar su propósito por carencia de recursos y por haber sido nombrado Arzobispo de Lima en 1542. Persistiendo en el tema de la educación de los indios, el rey expidió una Cédula para la fundación de un colegio indígena en 1554, pero el plantel sólo logró abrirse en 1576 y su vida fue muy corta”11. Durante la Colonia la ley obligaba a organizar y financiar escuelas de encomienda para los indígenas. En estas escuelas debían instruirlos en el español, la religión y algunas habilidades manuales12. Para el funcionamiento de los colegios se requerían permisos reales. Evelyn Ahern menciona que en el campo de la educación secundaria se creó por parte de los dominicos una cátedra de gramática en 1563 a la que se le sumó una de filosofía 10 años después. 13 De conformidad con las recomendaciones del Concilio de Trento, el arzobispo Luís Zapata de Cárdenas, franciscano, fundó hacia 1587 el Colegio Seminario de San Luis… se enseñaba el idioma de los chibchas. Esta última asignatura era financiada por el tesorero real por orden del monarca en virtud del convencimiento de que si el clero hablaba la lengua de los naturales, podría adelantar con mayor facilidad su misión evangelizadora14. Después de haber dominado a los indígenas a través de la guerra, comenzó la conquista de las conciencias por la religión con ayuda de las órdenes religiosas que se establecieron desde el siglo XVI en todo el territorio de la actual Colombia. 10

NARANJO VILLEGAS, Abel. Historia extensa de Colombia. Volumen XXIII. Morfología de la Nación Colombiana (Aproximación a su antropología cultural). Academia colombiana de Historia. Ediciones Lerner. Bogotá, 1965. 11 AHERN, Evelyn J. G. El desarrollo de la educación en Colombia 1820 – 1850. Traducción de Guillermo Arévalo y Gonzalo Cataño. Revista Colombiana de Educación. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, 1991. 12 HELG, Aline. La educación en Colombia: 1918-1957. Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, 2001. 13 AHERN, Op. Cit. 14 AHERN, Op. Cit.

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Se construyeron iglesias y conventos a cargo de las comunidades franciscana, dominica, agustina y más tarde, en 1604, de los jesuitas, los capuchinos y las monjas Clarisas, Dominicas y Carmelitas Descalzas. Estas comunidades marcaron el espíritu y las costumbres de los santafereños, pues ejercieron un dominio ideológico, político y cultural que apenas se vio un tanto menguado cuando, en 1767, Carlos III ordenó la expulsión de los jesuitas de las colonias de España en América. Como en el resto de la América hispana, las órdenes religiosas fueron fundamentales en el campo de la educación, que por orden de la Corona se impartía en iglesias y conventos. Las dos primeras cátedras universitarias se deben a los frailes dominicos (1563 y 1573). En 1592 se fundó el Colegio Seminario de San Bartolomé para impartir educación superior a los hijos de españoles; los jesuitas dirigieron este colegio en 1605 y fundaron el Colegio Máximo que estaba situado en una de las esquinas de la Plaza Mayor. En 1580 los dominicos fundaron la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino para Artes y Filosofía, y en 1621 los jesuitas iniciaron los cursos en la Universidad de San Francisco Javier o Javeriana. En 1653 fray Cristóbal de Torres fundó el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. En 1783 se inició la primera comunidad educativa y la primera escuela para la educación de la mujer en la Nueva Granada: el colegio de La Enseñanza, de la comunidad de María. Desde ese momento, se iniciaron las lecciones escolares para las mujeres, derecho que hasta entonces estaba reservado a los varones15. La fundación del Colegio San Bartolomé, la institución más antigua que subsiste en Colombia de esos tiempos fue obra de los jesuitas, quienes habían llegado a la Nueva Granada con el gobernador Antonio González en 1589. Durante el siglo XVII, esta orden fundaría más colegios. En Cartagena los dominicos inauguraron un colegio en 1605 Las órdenes religiosas fueron las impulsoras para el establecimiento de colegios y universidades sin ayuda del gobierno español, pero entre ellas se presentaba rivalidad por el prestigio. La situación de la Iglesia durante los siglos XVI y XVII se resume en las siguientes palabras: “El siglo XVII presenta un cambio en la historia de la Iglesia en el Nuevo Reino de Granada: se consolida la organización eclesiástica, la secularización y el fortalecimiento de la vida cristiana alrededor de las parroquias. Si el siglo XVI tuvo predominio de las doctrinas y la evangelización cristiana a través del clero regular, el siglo XVII consolidó la estructura religiosa alrededor de las parroquias y el fortalecimiento del clero secular”16.

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http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&IdDep=11&COLTEM=211 16 NARANJO VILLEGAS, Op.Cit.

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LECCIÓN 3:

LOS COLEGIOS Y LAS ESCUELAS ELEMENTALES

En los Colegios o escuelas de secundaria se enseñaba latín, filosofía y teología, al finalizar la Colonia, Derecho civil y canónico. Los colegios tenían escuelas primarias anexas y las órdenes religiosas en su mayoría contaban con escuelas gratuitas en los conventos. Los jesuitas fundaron hospicios o casas de caridad para los niños criollos en varias poblaciones. Se conoce de escuelas privadas en varias poblaciones de Antioquia dirigidas por los sacerdotes. En 1789 el virrey José de Ezpeleta y Galdeano decretó la fundación de cinco escuelas elementales en Bogotá y otras poblaciones de la Nueva Granada financiadas con impuestos de la propiedad sobre bienes raíces. Aparte del mencionado Colegio san Bartolomé, fundado en Santa Fe, los jesuitas fundaron colegios en 1611 en Tunja, en 1620 en Honda, en 1625 en Pamplona, en 1640 el colegio San Francisco en Popayán. También en Monpox en el siglo XVII se creó por parte de los jesuitas un colegio. Jesuitas colegios en Pasto (1712) y Antioquia (1722). En 1653 los dominicos crean el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario con el patrocinio del arzobispo de Bogotá Fray Cristóbal de Torres. El patronato del colegio corría a cargo de la corona y únicamente eran itidos los jóvenes que probaran pureza de sangre, nobleza y honor de su linaje. En 1767 se da la expulsión de los jesuitas por orden del rey Carlos III y solo cuatro colegios permanecieron activos. De especial importancia es la fundación del Colegio Mayor de San Bartolomé. Así nos la cuenta el sacerdote jesuita Alberto Múnera: “El 23 de Septiembre de 1604 llegaban a Santafé provenientes de Cartagena 5 fatigados Jesuitas enviados a fundar el Colegio de la Compañía. La institución educativa establecida por los Jesuitas el día 27 de Septiembre de 1604 al hacer entrega a la Real Audiencia de Santafé, de la cédula real que autorizaba la fundación, inició sus labores educativas el 1º de Enero de 1605 con 70 estudiantes, en las dos casas previamente compradas para dictar las clases, por los Padres Alonso de Medrano y Francisco de Figueroa en Mayo de 1600, situadas en la esquina sur oriental de la plaza principal de la ciudad, en el mismo sitio en que ahora nos encontramos.,, aunque se llamó originalmente Colegio de la Compañía de Jesús en Santafé, hoy se denomina honrosamente Colegio Mayor de San Bartolomé, nombre heredado del Seminario de la ciudad re-fundado por el Arzobispo don Bartolomé Lobo Guerrero el 18 de Octubre de 1605 y ubicado en lo que hoy es el Palacio de San Carlos… Al ser expulsados los Jesuitas del Nuevo Reino de Granada en 1767, por disposición de la Junta Virreinal de Temporalidades, en 1772 se trasladó el Colegio Seminario de San Bartolomé al edificio donde habían funcionado el Colegio de la 14

Compañía y la Universidad Javeriana, y asumió las funciones educativas que dicho Colegio y Universidad desarrollaban”17.

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MÚNERA DUQUE, Alberto. Discurso celebración 400 años del Mayor. En: http://www.sanbartolome.edu.co/brevhist.html

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LECCIÓN 4:

LAS UNIVERSIDADES

Los dominicos obtuvieron licencia para ofrecer títulos universitarios en 1619 tras una Bula papal y una Cédula Real. Esta congregación utilizó primero el convento del Rosario de Santa Fé para expedir grados y desde 1639 se les permitió transformar el Colegio de Santo Tomás en Universidad. Haciendo uso de las mismas licencias, los jesuitas ofrecieron programas de estudios superiores en el Colegio de San Bartolomé en 1639, año en el cual abrieron la Universidad Javeriana, que fue cerrada durante su expulsión. Los agustinos fundaron en 1699 en Bogotá la Universidad de San Nicolás de Bari, que fue cerrada en 1775 por falta de recursos económicos. La Bula Papal era un documento autorizado y firmado por el papa que concedía derechos especiales a quien lo poseía. Este tipo de documentos fue utilizado desde el siglo sexto en adelante, con un sello de plomo o de cera para autentificar sus documentos por parte de la cancillería papal. La Cédula Real o Real Cédula era una orden expedida por el rey de España entre los siglos XV y XIX. Su contenido resolvía algún conflicto de relevancia jurídica, establecía alguna pauta de conducta legal, creaba alguna institución, nombraba algún cargo real, otorgaba un derecho personal o colectivo u ordenaba alguna acción concreta. La Real Cédula era usada principalmente en los dominios españoles de ultramar (América y Filipinas), con asesoramiento en la mayoría de los casos del Consejo de Indias. En el siglo XV la religión católica se había convertido en una ideología dominante y por ende la educación superior en el Nuevo Reino de Granada, se encargó de formar individuos dentro de los patrones del dogma católico y de la ideología tomística. En esta época la universidad colonial se orientó a formar a la elite criolla y española en profesiones como el Derecho y el Sacerdocio. A los primeros les enseñaban las normas del derecho y al clero istrativo se instruía en Ética y Moral, adicionalmente se dictaban materias como: teología, religión e historia sagrada en donde se enfatizaba sobre la formación en valores, tendencia que se mantuvo intacta hasta el año 1820 18.

Los formadores encargados de impartir la educación en valores que vinieron al Nuevo Reino de Granada fueron comunidades religiosas tales como: Jesuitas, Franciscanos y Dominicos. La enseñanza en valores que predomino en esta época estuvo orientada hacia la obediencia, sumisión, austeridad y resignación19. En 1806, gracias a don Pedro Martínez de Pinillos, se fundaría la primera institución de educación superior sin la iniciativa eclesiástica, el Colegio 18

BOTERO CHICA, Carlos A. La formación de valores en la historia de la educación colombiana. En: Revista Iberoamericana de Educación. http://www.rieoei.org/deloslectores/932Botero.PDF. 19 BOTERO CHICA, Op. Cit.

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Universidad de San pedro Apóstol, en la villa de Mompox. El autor del plan de estudios, Eloy Valenzuela, fue subdirector de la Expedición Botánica y catedrático de filosofía en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario20. Durante esta época, los dominicos fueron reacios a la divulgación de las propuestas ilustradas, las que si fueron acogidas por la orden Agustina, de hecho, el padre Diego Padilla fue uno de los líderes del movimiento iluistrado en Santafé. La universidad colonial, defensora de los intereses de sectores tradicionales se mostró renuente a la difusión de los contenidos que desarrollaba la Ilustración. La Compañía de Jesús había sido difusora de las ideas ilustradas, luego, Manuel Francisco Moreno y Escandón, autor del Plan Provisional para los Colegios mayores de Santafé en el que se señalaban las reformas borbónicas en este campo, y José Celestino Mutis, codirector de la Expedición Botánica. Sin embargo, la universidad seguía siendo reducto de blancos, españoles y criollos. Un caso que muestra el clasismo universitario de esa época fue el de un aspirante a beca en el Colegio san Bartolomé que fue rechazado porque una de sus abuelas era hija natural, decisión en la cual participaron del claustro que luego serían próceres de la Independencia. Al igual que las universidades, los colegios eran fieles al rey, en particular a partir de 1794, fecha en que se publicaron los Derechos del Hombre y del Ciudadano por Antonio Nariño y se presentó la conspiración de los pasquines en la que intervinieron estudiantes del Rosario. 21.

20

URIBE ÁNGEL, Jorge Tomás. La Universidad Colonial Neogranadina y la Ilustración. 1774-1810. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.. En: Revista Historia de la Educación Latinoamericana. Vol. Tunja, 2005. 21 URIBE ÁNGEL, Op. Cit.

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LECCIÓN 5:

LA EDUCACIÓN PREVIA A LA INDEPENDENCIA.

Al finalizar el siglo XVIII, la época colonial con su estilo de gobernar empezó a decaer, lo que produjo nuevas reformas en la educación, como el reconocimiento del niño en cuanto sujeto activo del aprendizaje, debilitando el modelo de autoridad que existía, el decaimiento del monopolio educativo que ejercía la iglesia, la concepción de la primaria como un medio para superar la desigualdad social, y la generación de un concepto de Estado más participativo en el aspecto social. Sin embargo seguían existiendo restricciones en cuanto a la cobertura y desigualdades educativas, pues usualmente los cambios eran más ideales que reales, evidenciándose pocas realizaciones del Estado en materia de educación; además, los enfrentamientos entre actores sociales, como el gobierno y la iglesia, dificultaban su desarrollo, ya que estas luchas eran hechos de atención prioritaria para el Estado. Así, en cuanto al establecimiento de escuelas, al no poder ser subsidiadas por el Estado, éstas debían ser financiadas por los habitantes, lo que incrementó las limitaciones en el ingreso a los sectores en mayor desventaja. Hacia finales del siglo XVIII la sociedad “blanca” ya había logrado la imposición de sus modelos culturales, sin embargo persistían elementos subyacentes de otras formas de crianza, debido al gran influjo de las indias, negras y mulatas en la vida doméstica y en la socialización de las nuevas generaciones22.

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BOCANEGRA ACOSTA, Op. Cit.

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CAPÍTULO 2:

LA EDUCACIÓN DURANTE EL SIGLO XIX.

http://img227.imageshack.us/img227/6763/paraninhh3.jpg

Durante la mayor parte del siglo XIX la educación en Colombia se vio afectada por los conflictos entre los partidos políticos y su relación con la iglesia católica. En 1850 los liberales desistieron de la regulación de la educación, y ésta se descentralizó istrativa y fiscalmente, además se autorizó la libertad completa en la instrucción. En 1870 se ordenó que la educación primaria pública fuese gratuita, obligatoria y laica, por medio del decreto federal orgánico de la instrucción pública; también se estableció la supervisión del sistema educativo por el Gobierno Nacional. Con la Constitución de 1886 y el Concordato de 1887, el Estado se casó con la Iglesia en el tema educativo, se dispuso que la educación primaria aunque debía ser gratuita no debía ser obligatoria, y que además la educación en el país se debería regir por los preceptos de la iglesia católica, la cual la orientaría y la supervisaría. Por medio de la Ley general de educación de 1892, se decretó que el gobierno central supervisaría y regularía la educación en el país. La tasa de analfabetismo era de las más altas de América Latina23. 23

RAMÍREZ G., María Teresa y TÉLLEZ C. Juana Patricia. La educación primaria y secundaria en Colombia en el siglo XX. Enero 12 de 2006. En: http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra379.pdf

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LECCIÓN 1:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN DURANTE EL SIGLO XIX

Durante el siglo XIX, Colombia fue uno de los países más atrasados del mundo en materia educativa, con una tasa de analfabetismo por encima del promedio del continente. El país se encontraba fragmentado geográfica y políticamente, con un sistema educativo excluyente y elitista. Según Ramírez y Salazar, durante todo el siglo XIX se debatieron los siguientes principios alrededor de la educación sin que se pudiera llegar a un acuerdo: obligatoriedad, neutralidad religiosa, financiamiento y organización. Las autoras mencionadas describen la situación de la siguiente manera24: “La controversia sobre estos principios se convirtieron en causas de conflicto interno, y confrontaciones entre la Iglesia y el Estado. Con cada cambio de régimen el sistema educativo era modificado, lo cual se tradujo en una alta variabilidad e inestabilidad en las fuentes de recursos, que impidió que a lo largo del siglo se organizara y regulara el sistema educativo en el país. Las principales reformas fueron: En el Congreso de Cúcuta (1821): en todas las villas se debía fundar escuelas primarias, financiadas con el producto de sus bienes. Sistema Lancasteriano. El secretario del interior era el encargado de establecer la política educativa. En los años 40’s se enfatizó la intervención del Estado. En los años 50’s política de secularización del Estado, abandono de la regulación y descentralización istrativa y fiscal de la educación. Durante el período de los gobiernos radicales se realizaron los mayores esfuerzos por consolidar un sistema de educación pública. El sistema federalista fue más propicio para el desarrollo e impulso de la educación. La reforma más importante fue la de 1870, en la cual se ordenó que la educación primaria pública fuese: Gratuita, Obligatoria, Laica y supervisada por el gobierno nacional. Además estableció escuelas normales bajo la dirección de profesores alemanes. Como consecuencia, el número de alumnos se incrementó considerablemente. Sin embargo, el relativo éxito de la reforma duró poco tiempo y se vio frenado por la guerra civil de 1876-1877, en la cual los principios de obligatoriedad y neutralidad religiosa, controvertidos por la iglesia, constituyeron una de las principales causas de la guerra. La Constitución de 1886, el Concordato de 1887 y la Ley General de Educación de 1892, sentaron las bases de los que sería el sistema 24

RAMÍREZ, María Teresa y SALAZAR, Irene. Surgimiento de la educación en Colombia en el siglo XIX, ¿En que fallamos? Banco de la república. Bogota, 2007. En: http://www.banrep.gov.co/documentos/seminarios/2007/Histroria-sigloXIX-2007/Maria-Teresa-Ramirez.ppt.

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educativo del país en los siguientes treinta años, basados en los siguientes principios: La educación primaria debería ser gratuita pero no obligatoria La educación primaria debería ser regida por los mandatos de la Iglesia Católica, la cual la orientaría y la supervisaría Distribución de obligaciones financieras entre gobierno nacional, departamental y municipal”. El siglo diecinueve también se caracterizó por escasez de maestros y su baja calificación y remuneración, la fragmentación y organización política, además de las guerras civiles y la rivalidad entre la Iglesia y el Estado impidieron que Colombia tuviera una educación primaria masiva durante el siglo XIX. Entre 1830 y 1902, se contabilizan cerca de ocho guerras, con una duración promedio de dos años. Las escuelas se convirtieron en cuarteles, los estudiantes desertaron, se frenó la inversión y los recursos se orientaron a financiar el conflicto. El país, principalmente rural y agrícola, no generaba alto valor agregado, la productividad era baja, al igual que la demanda por personal con algún tipo de calificación. Los niños campesinos eran una mano de obra sin paga, la cual ayudaba al sustento de las familias. La mayoría de las escuelas estaban localizadas en las zonas urbanas. Las guerras hicieron que gran parte del presupuesto se destinara al sector militar en detrimento de la educación. El número de niñas que asistían a la escuela primaria no superó el 1% de la población25.

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RAMÍREZ y SALAZAR, Op. Cit.

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LECCIÓN 2:

COMIENZOS DE LA REPÚBLICA

La República se constituyó a partir de los hechos ocurridos en 1810 en Colombia. La siguiente descripción resume el surgimiento de la República y la situación educativa y cultural: “La República, como forma de gobierno democrático opuesta a la monárquica absolutista, con Constitución, separación de poderes y derechos de los ciudadanos, surge desde el período 1810-1816 y se consolida en las constituciones de 1819 y 1821. El primer Congreso sesiona en 1823… En lo educativo, baste pensar que antes de 1810 sólo había en la Nueva Granada cuatro colegios. La Independencia abre por todos lados escuelas de primeras letras, como estrategia para formar ciudadanos y no súbditos, y en casi todas las provincias funda colegios, que en algunos casos son el origen de las universidades actuales… En lo cultural, la Independencia le mueve la silla a las instituciones monásticas y, en general, al pensamiento religioso, permitiendo una mayor circulación de ideas (la Ilustración) y una mayor autonomía cultural de los individuos y la secularización de la sociedad”26. Los primeros años de la República se caracterizaron por una amplia exclusión en el la educación de los sectores populares, indígenas, negros y mestizos; también por la poca importancia que se daba a la mujer para el ingreso a las instituciones educativas. Las ideas de Santander se concretaron en varias leyes, algunas de ellas a favor de la mujer. Mediante ley del 2 de agosto de 1821, se establecía que: “Siendo igualmente de mucha importancia para la felicidad pública la educación de las niñas, el poder ejecutivo hará que [...] se funden escuelas de niñas en cabeceras de los cantones y demás parroquias en que fuere posible [...]”. Cuatro días más tarde, el 6 de agosto de 1821, el Congreso consideró que, ya que la educación de las niñas y las jóvenes, “[...] que tanto influyen en la sociedad, exige poderosamente la protección del gobierno [...], y que [...] en el estado actual de guerra y desolación de los pueblos es imposible que el gobierno de la República pueda proporcionar los fondos necesarios para escuelas de niñas y casa de educación para las jóvenes...”. 27 Unos cuantos conventos de religiosas como los de Santa Inés y Santa Clara, en Bogotá, abrieron casas de educación para niñas. En 1828, Matilde Baños creó en Bogotá un establecimiento de carácter privado destinado a la educación de niñas pertenecientes a familias pudientes. Allí se enseñaba a las alumnas escritura, lectura, trabajos manuales, geografía, aritmética, música y gramática sa. Otra santafereña, doña Isabel Cárdenas, abrió en 1830 un plantel similar, como 26

Entrevista con Jorge Orlando Melo. Cómo sacarle partido al Bicentenario. Altablero No. 46, Julio Septiembre de 2008. 27 LONDOÑO VEGA, Patricia. Educación de la Mujer en la Joven República. Boletín Cultural y Bibliográfico. Número 37. Volumen XXXI - 1994 - editado en 1996.

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internado, para niñas entre los seis y los doce años. Igualmente, en Medellín, las hermanas Caballero Pardo dirigieron una escuela para niñas y Rosalía Gómez de Obregón fundó una escuela mixta28. En estos años, además, se planteaba que la Dirección de Instrucción Pública debía supervisar el contenido de la educación dada por las religiosas29. En mayo de 1832 se dio la apertura del Colegio de la Merced, por decreto presidencial formulado por el gobernador de Cundinamarca, Rufino Cuervo. Este colegio se constituyó en el primero dedicado a la enseñanza superior para señoritas que se abrió en el país. Se enseñaba doctrina cristiana, economía doméstica, urbanidad, gramática española y sa, dibujo, música y oficios femeninos a niñas entre los 5 y los 14 años. En esa misma época fueron fundadas otras instituciones en las demás poblaciones importantes del país.30

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LONDOÑO VEGA, Op. Cit. LONDOÑO VEGA, Op. Cit. 30 LONDOÑO VEGA, Op. Cit. 29

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LECCIÓN 3:

CONSTITUCIONES PREVIAS A 188631

Durante el Siglo XIX en nuestro país se expidieron las constituciones de 1821, 1830, 1832, 1843, 1853, 1858, 1863 y 1886 (que tuvo vigencia por ciento cinco años con sesenta y tres reformas). La Constitución de Cúcuta, también conocida como Constitución de la Gran Colombia fue firmada por Simón Bolívar en 1821. Conocida por el enfrentamiento entre el sector liderado por Santander y el de Bolívar, intentó unir a la Nueva Granada con Venezuela y más tarde Ecuador. En su artículo 55 dice: “Son atribuciones exclusivamente propias del Congreso…: Promover por leyes la educación pública y el progreso de las ciencias, las artes y los establecimientos útiles, y conceder por tiempo limitado derechos exclusivos para su estímulo y fomento”. Agrega que: “El Poder Ejecutivo.... es como un sol, cuyo calor benéfico, extendido por todo el territorio de la República, contribuye a desarrollar las preciosas semillas de nuestra felicidad y prosperidad: la educación pública, la agricultura, el comercio, las artes y ciencias, y todos los ramos de industria nacional, están dentro de su sabia istración y sujetos a su benigno influjo”. En la Constitución de 1830 (artículo 36), se atribuye como función del Congreso: “Promover por leyes la educación pública en las universidades y colegios nacionales; el progreso de las ciencias y artes; y los establecimientos de utilidad general y conceder por tiempo limitado privilegios exclusivos para su estímulo y fomento…” La Constitución Política del Estado de Nueva Granada de 1832 en su artículo 74 atribuye exclusivamente al Congreso: “Promover y fomentar la instrucción pública, el progreso de las ciencias y artes, los establecimientos de utilidad general, y conceder por tiempo limitado privilegios exclusivos para su estímulo y fomento…” La Constitución de la República de Nueva Granada de 1843, reformatoria de la Constitución de 1832, inicia así: “En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo...”. Esta reforma no hace alusión al tema de la educación. En 1853 se da una constitución centro federal y se empiezan a perfilar los partidarios del federalismo y del centralismo. La carta inicia con el texto: “En el nombre de Dios, Legislador del Universo, y por autoridad del Pueblo. El Senado y Cámara de Representantes de la Nueva Granada, reunidos en Congreso;…” El artículo 5 reza así: “La República garantiza a todos los Granadinos: … El dar o recibir la instrucción que a bien se tenga, cuando no sea costeada por fondos públicos;…”. En el artículo 11 se consagra: “Corresponde también al Gobierno general, aunque no exclusivamente, el fomento de la instrucción pública”. Los plenipotenciarios de siete de los Estados de la confederación, excluyendo el Estado de Antioquia, convinieron en un pacto de unión como premisa para la 31

Ver por ejemplo: LÓPEZ CARRASCAL, Alfonso. Pedagogía Constitucional. Constituciones de Colombia.

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creación de los Estados Unidos de Colombia: la Constitución de la Confederación Granadina de 1858. Esta Constitución reforma el sistema de organización provincial por reagrupaciones regionales. Con esta disposición el Estado se hace federalista y no centralista. El artículo 67 señala: “Los bienes y rentas de los establecimientos públicos de educación, beneficencia y caridad, no podrán ser gravados con contribuciones directas por la Confederación ni por los Estados”. El artículo 56 registra: “La Confederación reconoce a todos los habitantes y transeúntes: … La libertad de dar o recibirla instrucción que a bien tengan, en los establecimientos que no sean costeados con fondos públicos;…” La Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia de 1863 nació en Ríonegro. Inicia así: “La Convención Nacional, en nombre y por autorización del Pueblo y de los Estados Unidos Colombianos que representa, ha venido en decretar la siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA”. El artículo 15 consagra: “Es base esencial e invariable de la Unión entre los Estados, el reconocimiento y la garantía por parte del Gobierno general y de los Gobiernos de todos y cada uno de los Estados, de los derechos individuales que pertenecen a los habitantes y transeúntes en los Estados Unidos de Colombia, a saber: … La libertad de dar o recibirla instrucción que a bien tengan, en los establecimientos que no sean costeados con fondos públicos;…”. En el artículo 18 se establece como “competencia, aunque no exclusiva, del Gobierno general, los objetos siguientes: 1. El fomento de la instrucción pública;…” En resumen, podríamos decir que entre 1809 y 1830 se expidieron ocho constituciones en distintos departamentos. La Constitución de 1830 resultó inviable al producirse, a menos de cuatro meses de expedida, la separación de Venezuela y Ecuador. De 1830 a 1886 Colombia contó con seis constituciones. La Constitución de 1832 consagró un régimen presidencialista, mayor poder y representación a las provincias, el nombre que recibió el país fue el de Estado de Nueva Granada. La Constitución de 1843 hizo una intensa reforma educativa y el conservatismo impuso su autoritarismo y centralismo en todo el territorio nacional. Con la Constitución liberal de 1853 se dio inicio al federalismo, se elimino la esclavitud, se extendió el sufragio a todos los hombres, se impuso el voto popular directo, hubo una separación entre la Iglesia y el Estado y la libertad istrativa fue un hecho. Mediante la Constitución de 1858 el país se llamó Confederación Granadina, se afianzó el sistema federalista, con lo cual cada Estado era libre de imponer sus propias leyes y elegir su Presidente, de modo tal que el Estado central intervenía solo en problemas de orden publico, legislación penal, moneda y relaciones exteriores. En 1863 se llevó a cabo la Convención de Rionegro, en la que se elaboró una nueva Constitución; el nombre de Confederación Granadina fue cambiado por el de Estados Unidos de Colombia. En 1886 se redactó la Constitución impulsada por el movimiento de la Regeneración Conservadora, movimiento que era presidido por el Presidente Rafael Núñez.32.

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BIBLIOTECA LUIS ANGEL ARANGO. Constituciones que han existido en Colombia. En: Guía temática de política. Edición en la biblioteca virtual. 2005.

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LECCIÓN 4:

LA OBRA DE SANTANDER33.

En la segunda década del siglo XIX, el reto consistía en conciliar la sociedad formada por la escuela y la formada por el gobierno colonial. El General Santander creó los llamados colegios santanderinos, dedicados no solo a la educación media (la básica se ofrecía en las escuelas) sino a la universitaria, con cátedras de teología, filosofía, medicina y derecho. En total creó 20 grandes colegios en las capitales de la mayoría de las provincias. Los colegios fueron creados con un espíritu liberal y laicista, incluyendo un fuerte corte utilitarista con base en Bentham. Durante su presidencia, se pasó de tener 378 escuelas primarias a 1050. Las parroquias y pueblos con más de 30 vecinos tenían derecho a una escuela, costeada por los habitantes del lugar. Santander ordenó la instrucción en los deberes y derechos del hombre en sociedad, la instrucción militar a los niños; acudiendo a los servicios del sacerdote franciscano Sebastián Mora, impulsó el método lancasteriano, que disponía que los estudiantes mayores debían transmitir sus conocimientos a los estudiantes menores. Fundó, entre otras instituciones, la Casa de estudios de Ocaña y el seminario o Casa de Educación en Pamplona, la Escuela Náutica de Cartagena, el Colegio de San Simón de Ibagué. Algunos de esos establecimientos se convirtieron posteriormente en centros de educación superior como el Colegio de Antioquia, transformado en 1871 en la Universidad de Antioquia. Organizó, también, bibliotecas y museos. En junio de 1820 Bolívar dictó un decreto mediante el cual se ordenaba abrir escuelas de primeras letras sin distinción de clases sociales, sin embargo, el presupuesto no existía, pues la Nueva Granada sufría de precariedad fiscal. Mediante decreto del 17 de diciembre de 1820, pasado un mes de la Batalla de Boyacá, al fundar un colegio para niños pobres, Santander menciona “Que la educación e instrucción pública son el principio más seguro de la felicidad general y las más sólida base de la libertad de los pueblos…”. Santander, vicepresidente, entre los años 1820 y 1821 expide las providencias en las que tiene que transar con la iglesia, reservando a los arzobispos y obispos los derechos y privilegios sobre la educación que impartían; reorganiza la instrucción pública consignando que: “Los maestros deberán enseñar a los niños a leer, escribir, los principios de la aritmética y los dogmas de la religión y de la moral cristiana; y servicio militar todos los días de fiesta y los jueves en la tarde”. Se ordenó la creación de escuelas para la enseñanza de las primeras letras en todas las villas, ciudades y lugares que tuvieran bienes propios; y se determinó que los conventos de religiosas abrieran escuelas. Basado en la ley sobre la instrucción, expedida por el congreso de Cúcuta en 1821, Santander decretó la fundación de 33

Para esta lección, ver por ejemplo: PÉREZ ARÉVALO, Guido. Francisco de Paula Santander: estadista, guerrero y abanderado de la educación. En: http://laplayadebelen.org. JARAMILLO URIBE, Jaime. El proceso de la educación, del virreinato a la época contemporánea. En: Manual de Historia de Colombia, t. III, Bogotá, 3a. ed., 1984.

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las primeras escuelas normales en Bogotá, Caracas y Quito, implantando el sistema lancasteriano. El conflicto con la iglesia surgiría en 1825 con el decreto en el que Santander ordenaba: “Los catedráticos de derecho público enseñarán los principios de legislación por Bentham, los principios de derecho político constitucional por Constant o Lepage y el derecho internacional público por la obra de Watel”. Esto significaba un enfrentamiento directo con las autoridades eclesiásticas, dado el contenido que postulaba un autor como Bentham, enemigo de la iglesia. El 18 de marzo de 1826 se promulgó la ley que estructuraba la educación nacional, fruto del proyecto presentado por Santander. En esta ley se creó la Dirección General de Instrucción Pública, se incluyó la formación de maestros, métodos de enseñanza, inspección de las escuelas, financiación, higiene, carrera del magisterio y remuneraciones. Presentaba un plan de estudios que cubría desde la primaria y elemental hasta la educación superior universitaria. Se estableció en la ley de la reforma que “la enseñanza pública será gratuita, común y uniforme en toda Colombia”. Debido a la escasez de recursos, el Estado no pudo cumplir a cabalidad el propósito señalado Un gran tropiezo se vivenció con la aplicación de las enseñanzas del filósofo inglés, a tal punto que Bolívar tuvo que derogar el plan de Santander antes que enfrentar a la iglesia. En 1835 el congreso lo restablecería. La posición conservadora era férrea, en palabras de Miguel Antonio Caro, encarnando este pensamiento, se diría: “Ahora, pues, dice, el estado, confundiendo la obligación de educar, de formar el carácter nacional, de fomentar la ilustración, con el derecho de doctrinar (que pertenece a la iglesia) y con la profesión de enseñar las ciencias (que corresponde a las universidades, a los cuerpos científicos y los organismos docentes), refundiendo en uno tales conceptos, que son enteramente diversos unos de otros aunque armónicos…”34

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CARO, Miguel Antonio. Artículos y discursos. Lib. Americana. Bogotá, 1880.

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LECCIÓN 5: LA CONSTITUCIÓN DE NÚÑEZ Y EL CONCORDATO: OTRA OPORTUNIDAD PARA LA IGLESIA EN LA EDUCACIÓN. Núñez, que había sido elegido presidente en 1880, fue reelegido en 1884. Ante su proyecto de derogar la Constitución de Rionegro y redactar una nueva Constitución de carácter centralista, los radicales y caudillos regionales se opusieron y le declararon la guerra en 1885. El presidente, apoyado por los conservadores y los liberales moderados que se unieron en el Partido Nacional, venció a los sublevados y declaró la nulidad de la Constitución de Rionegro. Su lugar lo asumió la Constitución de 1886, redactada por un Consejo Nacional que contó con dos delegados (un liberal moderado y un conservador) por cada uno de los estados. Los radicales fueron excluidos de este Consejo. La constitución de 1886 expresó el pensamiento de Rafael Núñez y de los regeneradores35. La Constitución Política de 1886 se identificó por su carácter centralista, presidencialista, autoritario y confesional36. El Preámbulo constitucional es del siguiente tenor: “En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, Los Delegatarios de los Estados Colombianos de Antioquía, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, reunidos en Consejo Nacional Constituyente; Vista la aprobación que impartieron las Municipalidades de Colombia a las bases de Constitución expedidas el día 1.° de diciembre de 1885; Y con el fin de afianzar la unidad nacional y asegurar los bienes de la justicia, la libertad y la paz, hemos venido en decretar, como decretamos, la siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA”. Se consagró en esta Carta, que “La educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica. La instrucción primaria costeada con fondos públicos, será gratuita y no obligatoria”. (Artículo 41). Sin embargo, estas no serían las únicas disposiciones referentes al tema educativo. A partir de la constitución de 1886 y el concordato de 1887 se estableció en Colombia que la educación debía organizarse de acuerdo con los dogmas y con la moral de la religión católica. La enseñanza de la religión católica pasó a ser obligatoria y se confirió a los obispos la potestad de ejercer la suprema vigilancia frente al cumplimiento de estas normas, así como la supervisión de los docentes y la elección de los textos que habrían de ser utilizados por los educadores. Pedagogizar el cuerpo y el alma era la intencionalidad de la pedagogía católica37. En la Carta de 1886 se estableció también que: “Corresponde al Presidente de la República como suprema autoridad istrativa: … Reglamentar, dirigir e inspeccionar la instrucción pública nacional…”. (Artículo 120). En el Artículo 185 se estableció: “Corresponde a las Asambleas dirigir y fomentar, por medio de ordenanzas y con los recursos propios del Departamento, la instrucción primaria y la beneficencia”. 35

La crisis del Estado Radical. En: http://www.memo.com.co/fenonino/aprenda/historia/estado-radical.html La crisis del Estado Radical, Op. Cit. 37 La crisis del Estado Radical, Op. Cit. 36

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En esta Constitución se consagró que los antiguos estados, llamados ahora departamentos, gozarían de autonomía para asuntos istrativos como obras públicas y educación, pero el nombramiento de los gobernadores era responsabilidad del presidente de la República. Con esta Carta finalizó la separación Iglesia - Estado que había sido decretada en la Constitución de 1863. Finalizando el siglo XIX e iniciando el XX, los conservadores se seguirían inclinando por mantener el control de la iglesia católica sobre la educación; los liberales afines a las crecientes clases urbanas, serían partidarios de la escuela laica38. El año 1887 traería el Concordato. Este tratado celebrado entre el estado colombiano y la Santa Sede, reguló en su artículo 12 que en los centros de enseñanza, desde las escuelas hasta las universidades, la educación y la instrucción pública se organizaría y dirigiría en conformidad con los dogmas y la moral de la Religión Católica. Prescribió que la enseñanza religiosa sería obligatoria en tales centros, y se observarían en ellos las prácticas piadosas de la religión católica. El artículo 13 ordenó que el “Gobierno impedirá que en el desempeño de asignaturas literarias, científicas y, en general en todos los ramos de instrucción, se propaguen ideas contrarias al dogma católico y al respeto y veneración debidos a la Iglesia”. También se reglamentó en el artículo 14 del tratado que “en caso de que los maestros encargados de la enseñanza de la religión y la moral se alejaran de la doctrina católica, el obispo puede intervenir para retirarlos de sus puestos”39.

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La crisis del Estado Radical, Op. Cit. MALAGÓN PINZÓN, Miguel. La regeneración, la constitución de 1886 y el papel de la Iglesia catolica. En: Civilizar, Revista electrónica de la Universidad Sergio Arboleda, No. 11. Bogotá. http://www.gioarboleda.edu.co/civilizar 39

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CAPÍTULO 3:

EDUCACIÓN DURANTE EL SIGLO XX40.

http://www.inempereira.edu.co/inem/imagenes/ine4.jpg

La Guerra de los Mil Días marca el inicio del Siglo XX en Colombia. “En octubre de 1899, el ala belicista del partido liberal se levantó en contra del régimen conservador,… La guerra duró tres años… Como tantas guerras, ésta fue una lucha entre dos incapacidades y dos incoherencias, sufriendo el liderazgo liberal aún más divisiones y demoras que el alto mando conservador... El golpe de estado del 31 de julio de 1900 puso fin a la presidencia de Sanclemente,… Los liberales bajo el general Herrera lograron importantes victorias en Panamá, pero no pudieron trasladar su ejército desde allá hacia Tierra Firme. Surgieron múltiples guerrillas, y hacia fines de la guerra el gobierno empleó métodos bastantes drásticos en su represión. En medio del agotamiento general del país y sin perspectivas de éxito los liberales, a fines de 1902, terminan la guerra con una serie de tratados con el gobierno, los principales el firmado abordo del USS Wisconsin por el general Herrera, y el de Neerlandia, firmado por Uribe Uribe”41. 40

La fuente principal de este capítulo es: RAMÍREZ G., María Teresa y TÉLLEZ C. Juana Patricia. La educación primaria y secundaria en Colombia en el siglo XX. Banco de la república, Enero de 2006. En: http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra379.pdf. El autor se guía por la periodización presentada por Ramírez y Téllez. 41 DEAS, Malcolm. Reflexiones sobre la guerra de los Mil Días. Biblioteca Luis Ángel Arango. Edición 121, Enero de 2000.

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LECCIÓN 1:

PERÍODO 1903 -1929

El siglo XX en Colombia se inició con la guerra civil de los Mil Días (1899-1902). Durante este período muchas escuelas, enseres y libros fueron destruidos y un gran número de alumnos que asistían a ella tuvieron que abandonarla. Al terminar la guerra, se expidió la ley número 39 de 1903, reglamentada por el decreto 491 de 1904, referente la educación, la cual dividió la enseñanza oficial en primaria, secundaria, industrial, profesional y artística. La Ley estipuló que la educación pública en el país debía estar regida por los cánones de la religión católica y que la educación primaria debería ser gratuita pero no obligatoria. Entre las reglamentaciones más importantes sobre la educación primaria durante este período se encuentra la descentralización istrativa del sistema escolar, por medio de la cual se les encargó a los departamentos la financiación, el pago de maestros, la dirección, la protección y la supervisión de la educación primaria. A los municipios se les ordenó suministrar los locales y enseres para el funcionamiento de las escuelas urbanas y rurales, siendo los Consejos municipales los encargados de apropiar los recursos necesarios para suplir dichos requerimientos; y a la Nación se le asignó la función de inspeccionar y proporcionar los útiles y textos a todas las escuelas primarias del país. En general, la educación primaria debería estar orientada a preparar a los alumnos para la agricultura, la industria fabril y el comercio. Las escuelas primarias se dividieron en urbanas, rurales y nocturnas, cada una de ellas era regida por diferentes normas. Respecto a la educación secundaria, ésta debería estar a cargo de la Nación y debería ser inspeccionada por la rama ejecutiva. La instrucción industrial estaría financiada por la Nación, cuando los establecimientos estuvieran ubicados en Bogotá, o por los Departamentos en los demás casos. La educación secundaria se dividió entre técnica y clásica. A la primera se le fomentó explícitamente al ser uno de los principales objetivos del gobierno el de “impulsar a la juventud por el camino de la industria”. De otra parte, se promovió la creación de escuelas normales en las diferentes capitales del país, debido a que antes de la guerra muchas de las escuelas normales fueron clausuradas, lo que llevó a una carencia de personal docente calificado en el país. Con la Resolución 23 de 1911 se prohibió el uso de de la férula y cualquier otro castigo físico en las escuelas de la República. A través de la Ley 114 de 1913 se crearon las pensiones y jubilaciones de los maestros de escuela. Mediante la ley 56 de 1927 se convirtió en obligatoria la educación primaria en el país. En el gobierno del Presidente Pedro Nel Ospina se intentó reformar el sistema educativo basado en las recomendaciones de la Misión Alemana, sin embargo, por la influencia de la iglesia, que vio el proceso de modernización como una amenaza contra sus intereses, ninguna de las propuestas de la Misión fueron aprobadas por el Congreso. Por su parte, la Ley 56 de 1927 prescribió el carácter obligatorio de la educación primaria, al cual se había opuesto la iglesia, y permitió que los colegios de 31

educación secundaria que eran oficiales se organizaran de forma privada y con libertad de enseñanza. La iglesia católica se opuso a esta Ley porque según su parecer estaba en desacuerdo con la doctrina católica y violaba el Concordato. El decreto número 57 de 1928 complementario a la Ley 56 de 1927, estableció que dentro del conjunto de asignaturas que exige el gobierno como mínimo de enseñanza se encontraba en primer lugar la religión católica, por lo tanto los argumentos de la iglesia eran infundados. Ni la Nación, ni los Departamentos ni los Municipios tenían claro hasta que punto llegaban sus responsabilidades en materia educativa. Con la distribución de obligaciones financieras decretada, se llegó al punto en que los municipios y los departamentos con mayores recursos eran los que podían fomentar en mayor grado la educación. Este período se conoce como la “danza de los millones”; en el cual el Gobierno recibió los dineros provenientes de la indemnización americana por la separación de Panamá, que sumado al aumento de los precios internacionales del café y al del país al mercado financiero internacional terminaron con la crisis fiscal de comienzos de los años veinte. Los departamentos que más dinero invertían en educación eran aquellos cuyo desarrollo e industrialización estaba más avanzada como el caso de Antioquia, Cundinamarca y Valle. Un indicador del bajo nivel educativo del país se muestra con la siguiente información: entre 1903 y 1925, ni siquiera el 10% de la población matriculada en primaria continuaba con la educación secundaria. De otro lado faltaban maestros idóneos en las escuelas. En 1928 en la educación primaria privada había 24 alumnos por maestro mientras que en la educación pública había 55.

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LECCIÓN 2:

PERÍODO 1930 -1950

En 1930 el liberal Enrique Olaya Herrera ganó las elecciones presidenciales, terminando así un largo período de gobiernos conservadores; sin embargo, los principales cambios llegaron con el gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo (1934-1938). El gobierno veía al sistema de descentralización educativa como una de las principales causas del atraso de la educación en el país, al impedir la unificación de recursos para el desarrollo de la educación. Uno de los objetivos del Presidente López fue incrementar los recursos orientados a la educación, en particular la primaria, para otorgarle la importancia que este sector Requería; pero el incremento de recursos no se vio reflejado en una transformación significativa, ni en cantidad ni en calidad, de la educación en el país. Entre las principales reformas del gobierno del Presidente López se encuentra la reforma constitucional de 1936. Con esta reforma se garantizó la libertad de enseñanza, se permitió una secularización de la educación y se fortaleció la intervención del Estado. En particular, se decretó que la educación primaria pública debería ser gratuita y obligatoria. Entre las otras reformas que se llevaron acabo en este periodo se encuentra la prohibición de la discriminación de los estudiantes en los establecimientos de educación primaria, secundaria o profesional por motivo de raza, religión, clase social o ilegitimidad de nacimiento (Ley 32 de 1936). Se garantizó a los maestros escalafonados estabilidad laboral y progreso profesional (Ley 2 de 1937). Respecto a la educación secundaria se impuso un pensum común para los colegios públicos y privados, se estableció una inspección nacional y se fundaron colegios oficiales. Sin embargo, la educación secundaria continúo siendo dirigida a las élites. Con la resolución 514 de 1942 se estableció el examen oficial de bachillerato en el último año, con la intervención directa de la Nación, para así poder controlar la calidad de la educación secundaria. La recesión de los años treinta afectó considerablemente el presupuesto y los gastos de la Nación, esto llevó al cierre de las escuelas normales y a la reducción del número de niños matriculados en primaria. En la segunda mitad de la década de los treinta, con la recuperación de la economía el presupuesto y los gastos orientados al sector educativo crecieron significativamente. El presidente López realizó una reforma fiscal, que permitió aumentar los recursos para la educación. No obstante, la distribución de estos recursos entre la educación primaria rural y urbana fue bastante desigual. Mientras que el área rural recibió en promedio, entre 1932 y 1936, 37% de los recursos departamentales orientados a la educación primaria, el área urbana recibió 63% de estos; como consecuencia, la calidad de la educación en la zona rural fue bastante inferior a la de la zona urbana. Durante este período aumentó el número de maestros, pero esto no significó una mejora en la calidad de la educación, pues la mayoría de éstos no se encontraban graduados. En cuanto a la tasa de analfabetismo sí se realizaron importantes logros al reducirla de 66% en 1900 a 38% en 1950, sin embargo aún se encontraba por encima del promedio de América Latina. Los sueldos de los maestros eran muy bajos y no se pagaban con puntualidad. Como no existía un 33

escalafón nacional, con anterioridad a 1937, las diferencias salariales entre las regiones eran considerables.

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LECCIÓN 3:

PERÍODO 1951-1976

El enfrentamiento entre conservadores y liberales no detuvieron la expansión en la educación. Los indicadores de educación de este periodo se vieron afectados por la dinámica del proceso de urbanización en Colombia que tuvo su punto más alto en la década de los cincuenta y principios de los sesenta. El avance en los indicadores educativos responde al mayor esfuerzo fiscal que fue posible dedicar a la educación durante estos años gracias a las condiciones favorables de la economía. Los progresos en el número de alumnos matriculados se dieron tanto en primaria como en secundaria. En secundaria la matricula en establecimientos públicos aumentó por la multiplicación de las instituciones educativas y el uso de la doble jornada en los establecimientos oficiales. El número de docentes tanto en escuela primaria como secundaria creció considerablemente en el período. Todos los avances en los indicadores educativos del período no fueron suficientes para reubicar a Colombia en el contexto latinoamericano ya que este fue un fenómeno que se dio paralelamente en otros países latinoamericanos. Durante el período se organizaron varias misiones extranjeras para evaluar las condiciones sociales del país y proponer estrategias de acción, que sirvieron como referentes a la hora de evaluar y planear el sector educativo. En 1958 se crea la Sección de Alfabetización del Ministerio de Educación Nacional y se inicia una campaña basada en la enseñanza directa en escuelas nocturnas. En los años cincuenta se crea la Oficina Sectorial Planeación Educativa dentro del Ministerio que se encarga de los planes de desarrollo del sector educativo. Esta oficina, con el apoyo de una misión de la UNESCO, elabora el Primer Plan Quinquenal de Educación Integral. Se hizo énfasis en la unificación de la escuela primaria de cinco años tanto en el área urbana como rural y en la división de la secundaria en dos ciclos uno orientado a carreras prácticas y técnicas y el otro a la universidad y escuelas normales. El Plan de Desarrollo Económico y Social 1961-1964 propuso un amplio plan de construcciones escolares al identificar su reducido número como una de las causas de la baja escolaridad. En 1969 se crean los Institutos Nacionales de Enseñanza Media Diversificada (INEM), con lo que se intenta promover la diversificación y modernización de la enseñanza media e incidir en las clases menos favorecidas. Durante el período se generan proyectos para la formación y capitación de los maestros. Con el Plebiscito de 1958 se estableció un aumento del gasto del gobierno central en educación en un mínimo del 10% del presupuesto central. En 1960, la Ley 111 de 1960 nacionalizó el gasto en educación dejando la totalidad del costo de los servicios personales en educación primaria pública en cabeza de la Nación mientras la istración de los docentes continuaba a cargo de los entes territoriales. En 1940, Jorge Eliécer Gaitán como ministro de educación hace un primer intento de nacionalización de la escuela primaria su propuesta no prosperó en el Congreso Nacional.

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Durante el período se reforma el Ministerio de Educación Nacional, se crean en las entidades territoriales entes istrativos para el manejo de recursos financieros (Fondos Educativos Regionales) y la istración del personal docente de la nación (Juntas de Escalafón Departamental). En 1975, la Ley 43 promovió los esquemas de nacionalización de la educación primaria que se habían dado en los sesenta, así como la transferencia de la financiación de la educación secundaria al gobierno central. La expansión de la educación y el aumento en el número de docentes sirvió para que las asociaciones de educadores obtuvieran mayor protagonismo en la década de los sesenta. Las primeras asociaciones de educadores habían sido creadas desde 1934 pero fue hasta 1962 cuando se creó la primera federación a nivel nacional: la Federación Colombiana de Educadores (FECODE). Tras numerosas huelgas el magisterio obtuvo alzas en salarios y mejoras en capacitación.

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LECCIÓN 4:

PERÍODO 1977 - 1986

El aumento en los indicadores educativos se estanca durante este período. La istración López Michelsen da prioridad a la universalización de la educación primaria tanto en las áreas urbanas como en las rurales y plantea, tanto en educación primaria como secundaria, la construcción y dotación de establecimientos y la provisión de nuevas plazas para docentes. En educación secundaria también se plantea la ampliación de la capacidad mediante el aumento de jornadas adicionales y la integración de los establecimientos para optimizar el uso de la capacidad instalada y se busca darle un nuevo impulso a los INEM. Se amplia el concepto de educación básica, adicionándole a la primaria cuatro años de educación secundaria (Decreto 88 de 1976). Durante la istración del presidente Turbay se da un énfasis a la calidad de la educación primaria. En 1979 después de largas jornadas de concertación entre los maestros y el gobierno se adoptó el Estatuto Docente mediante el Decreto 2277 de 1979, uno de los grandes logros de la movilización organizada por Fecode para buscar mejores salarios, estabilidad y un sistema de educación pública más organizado, clasificación y promoción del personal docente en un escalafón docente unificado, la profesionalización el magisterio y la nivelación de salarios. En 1979, durante el gobierno de Turbay, se crean en cada departamento los Centros Experimentales Piloto para capacitar a los maestros y las Juntas del Escalafón Departamentales para la istración de la promoción de los maestros públicos. A comienzos de los ochenta, la istración Betancur impulsa el Sistema Nacional de Educación. El MEN adoptó el modelo de Escuela Nueva en 1976, consistente en atender en una sola aula a todos los alumnos de zona rural en edad escolar y garantizarles promoción flexible y escolaridad completa. De 250 Escuelas Nuevas que existían en 1978 se pasó en 1982 a 1.500.

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LECCIÓN 5:

PERÍODO 1986 - 1991

El proceso de descentralización del sector educativo se inicia formalmente en 1986 durante la presidencia de Virgilio Barco (1986-1990) con la Ley 12 que entrega a los municipios la labor de construir y mantener la infraestructura educativa que había estado a cargo, hasta este momento, del gobierno central a través del Instituto Colombiano de Construcciones Escolares. En 1988, la Ley 24 asignó a los municipios la función de nombrar, trasladar, remover y, en general, istrar el personal docente; redefinió las funciones de los Fondos Educativos Regionales y las Juntas del Escalafón y entregó a los departamentos la istración de los Establecimientos de Educación Nacional y las escuelas secundarias que estaban a cargo del Ministerio. En 1987 se inicia el Plan para la Universalización de la Educación Básica Primaria. La proclamación de la Constitución Política de Colombia de 1991 define un hito trascendental en la historia de Colombia. El tema de la legislación educativa en Colombia a partir de este año será tratado en la unidad II del presente trabajo.

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UNIDAD II:

LEGISLACIÓN EDUCATIVA A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991.

www.elespectador.com/impreso/politica/articul...

“Tres problemas centrales existían en Colombia en el momento en que sale a la luz pública la nueva Carta: crecimiento del narcotráfico con los males que le eran anejos como un aumento de la violencia y de la corrupción; la crisis política, derivada por una parte de un régimen político restrictivo propiciado desde el Frente Nacional, expresado en precarias o casi nulas posibilidades de participación política de otras fuerzas distintas a las del bipartidismo y por otra, derivada de una gran deslegitimación de la política tradicional en tanto no representaba los intereses del conglomerado social y finalmente; una intensificación del conflicto armado colombiano entre guerrillas de un lado y del otro Estado y grupos paramilitares, que empezaban a obtener gran fuerza. El recrudecimiento de la violencia política durante la década del ochenta había propiciado la violación y limitación de los derechos humanos por parte de los grupos alzados en armas con su accionar y desde el propio Estado con la aplicación de las llamadas prácticas de la guerra sucia y las medidas legales tomadas a partir de la figura del estado de sitio, que como recurso supuestamente excepcional para restablecer el orden público turbado, fue la regla general en Colombia durante gran parte del siglo XX”42. 42

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Antecedentes y contexto del Constitución de 1991. Formación Ciudadana y Constitucional. Facultad de Derecho.

surgimiento

de

la

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CAPÍTULO 1:

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y EDUCACIÓN.

kikka-roja.blogspot.com

El intento por desarrollar el tema de la legislación educativa en Colombia no estaría contextualizado si se dejara de lado su consagración como derecho en la Constitución Política y en instrumentos internacionales. Por ello, en el presente capítulo abordaremos dicha relación fundamental.

En: http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/antecedentes.html

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LECCIÓN 1:

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES.

Son múltiples los instrumentos internacionales que consagran la educación como derecho de las personas. La Declaración Universal de los Derechos humanos adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948, en su artículo 26, reconoce este derecho de toda persona, estipulando que esta debe ser gratuita al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. También asimila la educación como derecho-deber: “La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”. En este documento se entiende como objeto de la educación: “el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá en 1948, también incluye la educación dentro de la enunciación de derechos (artículo XII), considerando que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas. Se reconoce el derecho de las personas a que mediante la educación, se le capacite para lograr una digna subsistencia, un mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad. En la Declaración Americana se afirma que: “El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado”. Además se manifiesta que: “Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, por lo menos. El artículo 1 de la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, dada en París el 14 de diciembre de 1960, registra que: “se entiende por “discriminación” toda distinción, exclusión, limitación o preferencia, fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza en sus diversos tipos y grados y, en especial: Excluir a una persona o a un grupo del a los diversos grados y tipos de enseñanza; limitar a un nivel inferior la educación de una persona o de un grupo; colocar a una persona o a un grupo en una situación incompatible con la dignidad humana”. En concordancia con lo anterior, en el artículo 3 de esta Convención, se estipula que para eliminar o prevenir cualquier discriminación en la esfera de la enseñanza, los Estados Partes se comprometen a: “a. Derogar todas las disposiciones legislativas y istrativas y abandonar todas las prácticas istrativas que 41

entrañen discriminaciones en la esfera de la enseñanza; b. Adoptar las medidas necesarias, inclusive disposiciones legislativas, para que no se haga discriminación alguna en la isión de los alumnos en los establecimientos de enseñanza; c. No itir, en lo concerniente a los gastos de matrícula, la adjudicación de becas o cualquier otra forma de ayuda a los alumnos, ni en la concesión de permisos y facilidades que puedan ser necesarios para la continuación de los estudios en el extranjero, ninguna diferencia de trato entre nacionales por los poderes públicos, salvo las fundadas en el mérito o las necesidades; d. No itir, en la ayuda, cualquiera que sea la forma que los poderes públicos puedan prestar a los establecimientos de enseñanza, ninguna preferencia ni restricción fundadas únicamente en el hecho de que los alumnos pertenezcan a un grupo determinado; e. Conceder, a los súbditos extranjeros residentes en su territorio, el a la enseñanza en las mismas condiciones que a sus propios nacionales”. En igual sentido, el artículo 4 señal el compromiso de los Estados de promover la igualdad de posibilidades y de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial, a: “a. Hacer obligatoria y gratuita la enseñanza primaria, generalizar y hacer accesible a todos la enseñanza secundaria en sus diversas formas; hacer accesible a todos, en condiciones de igualdad total y según la capacidad de cada uno, la enseñanza superior; velar por el cumplimiento por todos de la obligación escolar prescrita por la ley; b. Mantener en todos los establecimientos públicos del mismo grado una enseñanza del mismo nivel y condiciones equivalentes en cuanto se refiere a la calidad de la enseñanza proporcionada; c. Fomentar e intensificar, por métodos adecuados, la educación de las personas que no hayan recibido instrucción primaria o que no la hayan recibido en su totalidad, y permitirles que continúen sus estudios en función de sus aptitudes ; d. Velar por que, en la preparación para la profesión docente, no existan discriminaciones”. Finalmente, en el artículo 5 se consagra que la educación debe tender al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y a reforzar el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que debe fomentar la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales o religiosos, y el desarrollo de las actividades para el mantenimiento de la paz; que no debe obligarse a ningún individuo o grupo a recibir una instrucción religiosa incompatible con sus convicciones; que debe reconocerse a los de las minorías nacionales el derecho a ejercer las actividades docentes que les sean propias, y enseñar su propio idioma, Además de los mencionados, hay que expresar que Colombia adhirió a dos instrumentos de la ONU de 1966 mediante la Ley 74 de 1968, que entraron en vigor en 1976: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. “En el primero, los Estados Partes se comprometen a respetar la libertad de los padres o de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. (Artículo 18). En el segundo, los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a la educación. 42

“Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz”. (Artículo 13). Los Estados reconocen así mismo que “con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria; e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente”. (Artículo 13). En San José de Costa Rica, en el año 1969, se suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en virtud de la Ley 16 de 1972 entró en vigor para Colombia en el año 1978. El artículo 12 de esta Convención también asigna a los padres o tutores, el derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Pero es en el Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" de noviembre de 1988, y que entró en vigor para Colombia en 1999 por la Ley 319 de 1996, el documento en que más se hace énfasis en el derecho a la educación. El artículo 7 señala que cuando se trate de menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse de la instrucción recibida”. En el artículo 13 se expresa todo el contenido del derecho: “Toda persona tiene derecho a la educación... la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz… la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz… con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación: a. la enseñanza primaria debe 43

ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; b. la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; c. la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; d. se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educación básica para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria; e. se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales”. En el “Protocolo de San Salvador, artículo 16, se ubica, además, el derecho de todo niño a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo. La Convención sobre los derechos del niño adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1989 y que entró en vigor para Colombia en 1991 por Ley 12 de ese mismo año, artículo 23, menciona el derecho de los niños impedidos a una asistencia gratuita, siempre que sea posible, destinada a asegurar que tenga un efectivo a la educación y a la capacitación, con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible. Se reconocen de igual forma los derechos enunciados en el “Protocolo de San Salvador”.

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LECCIÓN 2:

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD.

La Constitución Política de Colombia de 1991 no limitó los derechos humanos a su enunciación, toda vez que el artículo 93 consagra que: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. Y en el mismo sentido, el artículo 94: “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”. Lo anterior significa que para tener una visión amplia del derecho a la educación, debemos revisar no sólo la Constitución Política, si no también los instrumentos internacionales que lo consagran, pues estos últimos también son exigibles en el ámbito interno. Así, podríamos decir que “El bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución”.43 El término “bloque de constitucionalidad” lo comenzó a utilizar la Corte Constitucional colombiana desde 1995 y lo ha ido moldeando en su jurisprudencia “para legitimar el valor de ciertas normas y principios supranacionales que se encuentran incorporados en la Carta y que por lo tanto son parámetros del control de constitucionalidad así como parámetros vinculantes de interpretación de los derechos y deberes protegidos por la norma suprema”44. En términos del derecho a la educación, el bloque de constitucionalidad define un importante caudal normativo para su ejercicio y disfrute. Además el bloque de constitucionalidad “tiene ciertas ventajas y potencialidades democráticas, ya que permite que la constitución sea más dinámica y se adapte a los cambios históricos, en la medida en que faculta a los jueces constitucionales a tomar en cuenta importantes principios y derechos, que pueden no estar incluidos directamente en el texto constitucional, pero que, en el curso del tiempo, pueden llegar a adquirir una enorme importancia”.45

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ARANGO OLAYA, Mónica. El bloque de constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana. Universidad ICESI. En: Precedente, 2004 44 ARANGO OLAYA, Op. Cit. 45

UPRIMNY Y., Rodrigo. El bloque de constitucionalidad en Colombia: un análisis jurisprudencial y un ensayo de sistematización doctrinal. En: http://dejusticia.org/interna.php?id_tipo_publicacion=7&id_publicacion=72

45

LECCIÓN 3:

LA EDUCACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.

Vistos de manera somera los contenidos de los instrumentos internacionales en materia de educación, entraremos a analizar el tema en la Constitución Política de Colombia. El articulado de la Constitución referente a la educación lo podemos resumir como sigue: •

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Se señalan como obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica en todas las instituciones de educación, oficiales o privadas. También se menciona como deber de las instituciones el fomento de prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. (Artículo 41). La educación y la cultura se consideran derechos fundamentales de los niños. (Artículo 44). El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. (Artículo 45). Es deber del Estado promover el a los servicios de la educación de los trabajadores agrarios. (Artículo 64). La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. (Artículo 67). La educación debe formar en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la practica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. (Artículo 67). El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. (Artículo 67). La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. (Artículo 67). La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y istración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. (Artículo 67). Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La Ley establecerá las condiciones para su creación y gestión. (Artículo 68). La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. (Artículo 68). La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. (Artículo 68). La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente. (Artículo 68). Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. (Artículo 68). Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. (Artículo 68). 46

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La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado. (Artículo 68). Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. (Artículo 69). La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. (Artículo 69). El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. (Artículo 69). El Estado facilitara mecanismos financieros que hagan posible el de todas las personas aptas a la educación superior. (Artículo 69). El Estado tiene el deber de promover y fomentar el a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. (Artículo 70). La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. (Artículo 70). El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación. (Artículo 70). Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. (Artículo 79). Corresponde a las Asambleas Departamentales por medio de ordenanzas: 10. Regular, en concurrencia con el municipio, el deporte, la educación y la salud en los términos que determine la ley. (Artículo 300). Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público o social y en virtud de la ley… Las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores, estarán destinadas preferentemente a los servicios de salud y educación. (Artículo 336). Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del gobierno, fijará los servicios a cargo de la nación y de las entidades territoriales. Determinará, así mismo, el situado fiscal, esto es, el porcentaje de los ingresos corrientes de la nación que será cedido a los departamentos, el distrito capital y los distritos especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para la atención directa, o a través de los municipios, de los servicios que se le asignen. (Artículo 356). Los recursos del situado fiscal se destinarán a financiar la educación preescolar, primaria, secundaria y media, y la salud, en los niveles que la ley señale, con especial atención a los niños. (Artículo 356).

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El situado fiscal aumentará anualmente hasta llegar a un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación que permita atender adecuadamente los servicios para los cuales está destinado. Con este fin, se incorporarán en él la retención del impuesto a las ventas y todos los demás recursos que la nación transfiere directamente para cubrir gastos en los citados niveles de educación. (Artículo 356). El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. (Artículo 366).

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LECCIÓN 4:

NÚCLEO ESENCIAL DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN.

El derecho a la educación, como todo derecho humano de contenido económico, social y cultural, está conformado por dos elementos: 1.

Un núcleo esencial no negociable, directamente exigible por su titular frente a las autoridades y los particulares.

2.

Un elemento complementario cuyo contenido y alcance son definidos por los órganos políticos del Estado de acuerdo con las condiciones económicas y políticas de cada momento histórico en particular.

Siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, podemos decir que el núcleo esencial del derecho a la educación lo constituyen cuatro elementos básicos que tienen tanto de derecho de los estudiantes como de obligación por parte del Estado: •

Derecho a la disponibilidad de la educación (obligación de accequibilidad). Incluye: planta de docentes, centros de estudio suficientes, oferta de cupos, fondos para establecimientos educativos.

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Derecho de a la educación (obligación de accesibilidad). Incluye: educación pública básica gratuita, no discriminación.

•

Derecho a la permanencia en el sistema educativo (obligación de adaptabilidad). Incluye: protección contra la exclusión escolar, respeto a la diversidad cultural, educación que mejor se adapte a las condiciones del estudiante, eliminación de estereotipos de género y de toda forma de segregación.

•

Derecho a la calidad de la educación (obligación de aceptabilidad). Incluye: estándares de calidad, etnoeducación, prohibición de castigos corporales.

Este núcleo esencial, como se dijo, no es negociable, y es directamente exigible por su titular frente a las autoridades y los particulares.

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LECCIÓN 5:

ACTOS LEGISLATIVOS REFORMATORIOS.

Un Acto Legislativo es una norma jurídica expedida por el Congreso de la República que tiene por objeto modificar, reformar, adicionar o derogar un texto constitucional. La Constitución Política y la Ley 5 de 1992 (Reglamento del Congreso) determinan el procedimiento que se debe seguir para la expedición de los actos legislativos. Los principales Actos Legislativos que se han expedido desde la proclamación de la Constitución de 1991, y que tienen que ver con el tema de la educación, son: el acto legislativo 01 de 2001, el 01 de 2005 y el 04 de 2007. Durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana, el Congreso expidió el Acto Legislativo 01 de 2001. Mediante este Acto se reformaron los artículos 347, 356 y 357 de la Constitución Política. La Constitución de 1991 había previsto el fortalecimiento de la descentralización a nivel político, económico y istrativo. Se garantizaba el desarrollo de los derechos a la prestación de los servicios de salud, educación y saneamiento básico mediante la transferencia creciente de recursos desde la Nación hacia las entidades territoriales. El Acto Legislativo 01 de 2001 significó menor inversión social en salud y educación, así como un retroceso en el proceso de descentralización que se venía adelantando en el país. Sin embargo, quedó establecido que esta reforma solamente sería temporal y que en el año 2008 se retornaría al régimen que ordenaba el mandato constitucional de 1991. El Acto Legislativo 01 del 2001 consistió en que el dinero de las transferencias a los departamentos y municipios para inversión social fuera menor cada año en comparación con el que tenía antes de la reforma.46.

El Acto Legislativo 01 de 2005 reformó el artículo 48 de la Constitución Política. A partir de la nueva Reforma se establecieron dos regímenes jurídicos para los docentes en materia pensional: 1) Los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados hasta esa fecha se siguieron rigiendo por las normas vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y 2) los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812, de junio 26 de 2003 y los nuevos que se vinculen se jubilarán con el régimen de Prima Media, establecidos en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003 y el Artículo 81 de la Ley 812 de 2003. El siguiente texto es parte del contenido del mencionado Acto Legislativo: “A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no habrá regímenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al Presidente de la República y a lo establecido en los parágrafos del presente artículo". "Las personas cuyo derecho a la

46

POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO. ¿Qué pasa con las transferencias? Cartilla explicativa sobre el Proyecto de Transferencias. En: http://www.polodemocratico.net/spip.php?page=imprimir&id_article=2240

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pensión se cause a partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año”. El Acto Legislativo 4 de 2007 reformó los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, disminuyendo el ritmo de crecimiento de los recursos que del presupuesto nacional deben trasladarse a las entidades territoriales. Por Ley se estableció que el uso de estos recursos por parte de los gobiernos locales debe hacerse dentro del marco de las políticas, programas y proyectos del Gobierno Nacional, regresando a lo preceptuado en la Constitución de 1886: istrar bajo las directrices y mandatos del gobierno central.47

47

MARTÍNEZ R., Jaime. corporación Viva la Ciudadanía. En: http://colombia.indymedia.org/s/2007/12/reglamentacion.pdf

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CAPÍTULO 2:

EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA.

www.magazinen.blogspot.com/

En este capítulo trataremos los desarrollos normativos referentes a la educación preescolar, básica y media que han tenido vida luego de la Constitución de 1991.

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LECCIÓN 1:

LEGISLACIÓN PREVIA A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

A continuación se señalan las principales normas jurídicas sobre educación preescolar, básica y media, previas a la expedición de la Ley general de Educación. La primera Ley que podemos resaltar en el tema de educación preescolar, básica y media, posterior a la promulgación de la Constitución de 1991 es la Ley 60 de 1993. Se trata de la descentralización de la prestación del servicio. En esta Ley se encarga a los Municipios la istración de los servicios educativos estatales, la financiación de las inversiones y el mantenimiento en infraestructura y dotación y su participación en la financiación de los servicios educativos estatales y en la cofinanciación de programas y proyectos educativos; ejercer la inspección y vigilancia, y la supervisión y evaluación de los servicios educativos estatales. La Ley en mención dejó a los departamentos la istración de los recursos cedidos por la Nación; la planificación de los aspectos relacionados con sus competencias para el sectore educación y el ejercicio de las funciones de coordinación, subsidiariedad y concurrencia relacionadas con las competencias municipales. Correspondió a los distritos istrar los recursos cedidos y las participaciones fiscales y la planificación de los aspectos relacionados con la educación. Con la Ley 60 de 1993, la Nación cedió a título gratuito a los departamentos, distritos y municipios los derechos y obligaciones sobre la propiedad de los bienes muebles e inmuebles existentes destinados a la prestación de los servicios que asumieron las entidades territoriales. Se definió que las plantas de personal docente de los servicios educativos estatales a cargo del situado fiscal y a cargo de los recursos propios del municipio serían istradas por el municipio. En el año 1994, con la expedición de la Ley 107 se definió que para poder obtener el titulo de bachiller en cualquiera de las modalidades, todo estudiante debería haber cursado cincuenta horas de Estudios Constitucionales y que todos aquellos que ejercieran labores de alfabetización debían incluir como materia de estudio elemental, lo relativo a las instituciones democráticas.

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LECCIÓN 2:

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.

La Ley 115 de 1994, conocida como “Ley General de Educación” reguló jurídicamente la materia de la educación preescolar, básica y media. Se consagró la educación como proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Se definió el servicio educativo como “el conjunto de normas jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no formal, la educación informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, istrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación”. En la Ley General de educación se postularon como fines de la educación: el pleno desarrollo de la personalidad dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos; la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad; la formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, istrativa y cultural de la Nación; la formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios; la adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber; el estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad; el al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones; la creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con latinoamérica y el Caribe; el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país; la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación; la formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social; la formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre; y la promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se 54

requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. En esta Ley se definió como “Educación Formal” la que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos. Se estableció que en todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la educación preescolar, básica y media, cumplir con el estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica; el aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo; la enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales; la educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación en los valores humanos; y la educación sexual. La “Educación Preescolar” se concibió como la que se ofrece al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socioafectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas; que debe darse como mínimo en un (1) grado obligatorio en los establecimientos educativos estatales para niños menores de seis (6) años de edad. La “Educación Básica” obligatoria, educación primaria y secundaria, con nueve (9) grados. Se estableció en la Ley General de Educación, que la educación religiosa se debe ofrecer en todos los establecimientos educativos, observando la garantía constitucional según la cual, en los establecimientos del Estado ninguna persona puede ser obligada a recibirla; además, la formación ética y moral debe promoverse en el establecimiento educativo a través del currículo, de los contenidos académicos pertinentes y del ambiente en la institución. De otro lado, el servicio especial de educación laboral, fue proyectado para el estudiante que haya cursado o validado todos los grados de la educación básica, conducente a la obtención de un título en un arte u oficio o el certificado de aptitud ocupacional correspondiente. La “Educación Media”, que comprende dos grados, el décimo (10°) y el undécimo (11°), tiene como fin la comprensión de las ideas y los valores universales y la preparación para el ingreso a la educación superior y al trabajo. A esta educación se le dio el carácter de académica o técnica. Para la primera se establecieron las mismas áreas de la educación básica en un nivel más avanzado, además de las ciencias económicas, políticas y la filosofía. Para la segunda, se fijó como objetivo la preparación de los estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los servicios, y para la continuación en la educación superior. El nivel de la “Educación Superior”, se clasificó en Instituciones técnicas profesionales; instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, y Universidades. 55

En la Ley, se consagró que la “Educación no Formal” es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos. Se consideró “Educación Informal”, todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados. La Ley 115 de 1994 también estableció modalidades de atención educativa a poblaciones específicas. 1) La educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, como parte integrante del servicio público educativo. 2) La educación para adultos, como la que se ofrece a las personas en edad relativamente mayor a la aceptada regularmente en la educación por niveles y grados del servicio público educativo, que deseen suplir y completar su formación, o validar sus estudios. 3) La educación para grupos étnicos, que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones. Se asignó a las autoridades competentes, en concertación con los grupos étnicos, la selección de los educadores que laboren en sus territorios, preferiblemente, entre los de las comunidades en ellas radicados. 4) La educación campesina y rural. Este servicio comprenderá especialmente la formación técnica en actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales que contribuyan a mejorar las condiciones humanas, de trabajo y la calidad de vida de los campesinos y a incrementar la producción de alimentos en el país. 5) La educación para la rehabilitación social también fue incluida, como la que debieran recibir las personas privadas de la libertad. Este tipo de educación comprende los programas educativos que se ofrecen a personas y grupos cuyo comportamiento individual y social exige procesos educativos integrales que le permitan su reincorporación a la sociedad. El Plan Nacional de Desarrollo Educativo fue establecido en la Ley. Su preparación se dejó en manos del Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales. Este plan debe incluir las acciones correspondientes para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales sobre la prestación del servicio educativo, para por lo menos cada diez (10) años. El Proyecto Educativo Institucional (PEI) también se estableció con el fin de lograr la formación integral en cada establecimiento educativo; en él se deben especificar entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión. Según la Ley, el PEI debe responder a situaciones y necesidades de los estudiantes, de la comunidad local, de la región y del país, siendo concreto, factible y evaluable.

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Finalmente, la Ley General de Educación se ocupó también de los siguientes temas: Sistema Nacional de Acreditación de la calidad de la educación formal y no formal. Debe ser establecido y reglamentado por el Ministerio de Educación Nacional con la asesoría de la Junta Nacional de Educación, JUNE. El fin del Sistema es garantizar al Estado, a la sociedad y a la familia que las instituciones educativas cumplen con los requisitos de calidad y desarrollan los fines propios de la educación. El Currículo, conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. La Autonomía Escolar de las instituciones de educación formal para organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas, adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional. El Plan de Estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. En la educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y istración, de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y con las disposiciones legales vigentes. El Sistema Nacional de Evaluación de la Educación debe operar en coordinación del Ministerio de Educación Nacional con el Servicio Nacional de Pruebas del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, y con las entidades territoriales. El fin es velar por la calidad, por el cumplimiento de los fines de la educación y por la mejor formación. El Sistema debe diseñar y aplicar criterios y procedimientos para evaluar la calidad de la enseñanza que se imparte, el desempeño profesional del docente y de los docente directivos, los logros de los alumnos, la eficacia de los métodos pedagógicos, de los textos y materiales empleados, la organización istrativa y física de las instituciones educativas y la eficiencia de la prestación del servicio. Se estableció que el servicio público educativo se prestará en las instituciones educativas en una sola jornada diurna, pero que cuando las necesidades del servicio educativo lo requieran, pueden ofrecerse dos jornadas escolares, una diurna y otra nocturna, bajo la responsabilidad de una misma istración. La jornada escolar nocturna se destinó, preferentemente, a la educación de adultos. 57

Normas generales sobre los educandos y los educadores, los directivos docentes y los establecimientos educativos, el gobierno escolar, financiación de la educación, régimen especial de los educadores estatales, sobre la Junta Nacional de Escalafón, complementan los contenidos de la Ley General de Educación.

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LECCIÓN 3:

NORMAS POSTERIORES A LA LEY 115 DE 1994.

El Decreto 1743 de 1994 instituyó el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal y estableció los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente para este propósito. Se permitió a los alumnos de educación media de los establecimientos de educación formal, estatales y privados, prestar el servicio social obligatorio en educación ambiental, participando directamente en los proyectos ambientales escolares, apoyando la formación o consolidación de grupos ecológicos escolares para la resolución de problemas ambientales específicos o participando en actividades comunitarias de educación ecológica o ambiental. Posteriormente, el Decreto 1860 de 1994, definió la organización de la educación básica formal por niveles, ciclos y grados según las siguientes definiciones: 1) Los niveles son etapas del proceso de formación en la educación formal. 2) El ciclo es el conjunto de grados que en la educación básica satisfacen los objetivos específicos definidos por la Ley 115 de 1994. 3) El grado corresponde a la ejecución ordenada del plan de estudios durante un año lectivo, con el fin de lograr los objetivos propuestos en dicho plan. Este Decreto también abordó temas como el contenido del PEI, el reglamento o manual de convivencia, la Integración y funciones del gobierno escolar, los criterios para la elaboración del currículo, el servicio social estudiantil, el servicio de orientación estudiantil, la infraestructura escolar, la evaluación del rendimiento escolar (continua, integral, cualitativa y expresada en informes descriptivos la valoración por logros dentro de cada asignatura y proyecto pedagógico: excelente, bien, insuficiente). Tres años más tarde, el Decreto 2247 de 1997 estableció normas relativas a la prestación del servicio educativo del nivel preescolar, dirigido a los estudiantes de tres (3) a cinco (5) años de edad y comprendiendo tres (3) grados: Prejardín, Jardín y Transición. Estableció que la denominación grado cero es equivalente a la de Grado de Transición. Se consagró que en el nivel de educación preescolar no se reprueban grados ni actividades. En este decreto se establecieron como principios de la educación preescolar: la Integralidad, la Participación y la Lúdica. En el año 1998, el Decreto 1122 incluyó normas para el desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en todos los establecimientos de educación formal del país que ofrezcan los niveles de preescolar, básica y media. Esta Cátedra comprende un conjunto de temas, problemas y actividades pedagógicas relativos a la cultura propia de las comunidades negras, y deben desarrollarse como parte integral de los procesos curriculares Los propósitos generales son: a) Conocimiento y difusión de saberes, prácticas, valores, mitos y leyendas; b) reconocimiento de los aportes a la historia y a la cultura colombiana, realizados por las comunidades negras; c) fomento de las contribuciones de las comunidades afrocolombianas en la conservación y uso y cuidado de la biodiversidad y el medio ambiente para el desarrollo científico y técnico.

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El Decreto 2562 de 2001 reglamentó la Ley 387 del 18 de julio de 1997, en cuanto a la prestación del servicio público educativo a la población desplazada por la violencia. Se estableció como criterio y requisito para el de la población desplazada al servicio público educativo estar incluido en el registro único de población desplazada. En el Decreto se señaló la adecuación de instalaciones provisionales donde se puedan desarrollar los programas educativos de emergencia para la población escolar, garantizando la seguridad y salubridad a los desplazados. Una vez superada la atención humanitaria de emergencia y determinado el sitio de retorno o reubicación, la Secretaría de Educación del Departamento, Distrito o Municipio, según el caso, debe atender con prioridad a la población en edad escolar garantizando el cupo en los establecimientos educativos de su jurisdicción. El Estatuto de Profesionalización Docente se expidió por medio del Decreto 1278 de 2002. La inscripción en el Escalafón Docente tiene como prerrequisito el período de prueba. Como profesionales de la educación se cuentan: las personas que poseen título profesional de licenciado en educación; los profesionales con titulo diferente, legalmente habilitados para ejercer la función docente y los normalistas superiores. La función docente, además de la asignación académica, comprende también las actividades curriculares no lectivas, el servicio de orientación estudiantil, la atención a la comunidad, en especial de los padres de familia de los educandos; las actividades de actualización y perfeccionamiento pedagógico; las actividades de planeación y evaluación institucional; otras actividades formativas, culturales y deportivas, contempladas en el proyecto educativo institucional; y las actividades de dirección, planeación, coordinación, evaluación, istración y programación relacionadas directamente con el proceso educativo. La carrera docente es el régimen legal que ampara el ejercicio de la profesión docente en el sector estatal, se basa en el carácter profesional de los educadores; depende de la idoneidad en el desempeño de su gestión y de las competencias demostradas; garantiza la igualdad en las posibilidades de a la función para todos los ciudadanos aptos para el efecto; y considera el mérito como fundamento principal para el ingreso, la permanencia, la promoción en el servicio y el ascenso en el Escalafón. El Escalafón Docente se conforma por tres (3) grados. Los grados se establecen con base en formación académica. Cada grado está compuesto por cuatro (4) niveles salariales (A-B-C-D). Los requisitos establecidos para la inscripción y ascenso de los docentes o directivos docentes estatales en los distintos grados del Escalafón Docente, son: Grado Uno: a) Ser normalista superior, b) haber sido nombrado mediante concurso, c) superar satisfactoriamente la evaluación del período de prueba. Grado Dos: a) Ser licenciado en Educación o profesional con título diferente más programa de pedagogía o un título de especialización en educación, b) haber sido nombrado mediante concurso, c) superar satisfactoriamente la evaluación del período de prueba; o la evaluación de competencias en caso de que esté inscrito en el Grado Uno. Grado Tres: a) Ser Licenciado en Educación o profesional, b) poseer título de maestría o doctorado en un área afín a la de su especialidad o desempeño, o en un área de formación que sea considerada fundamental dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes, c) haber sido nombrado mediante 60

concurso, d) superar satisfactoriamente la evaluación del período de prueba; o la evaluación de competencias en caso de que esté inscrito en el Grado Uno o Dos. En el año 2006, la Ley 1013 de 2006 modificó la Ley 115de 1994. Se estableció que: “El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, será materializada en la creación de una asignatura de Urbanidad y Cívica, la cual deberá ser impartida en la educación preescolar, básica y media, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política”.Se agrega que: “La Educación para la Justicia, la Paz, la Democracia, la Solidaridad, la Confraternidad, la Urbanidad, el Cooperativismo y en general la formación de los valores humanos”. La Ley 1029 de 2006 adicionó que en el estudio de la cívica deben impartirse nociones básicas sobre jurisdicción de paz, mecanismos alternativos de solución de conflictos, derecho de familia, derecho laboral y los contratos más usuales. En este mismo año, el Decreto 4500 definió el área de Educación Religiosa como obligatoria y fundamental, y que al estudiante que opte por no tomar la educación religiosa ofrecida por el establecimiento educativo se le debe ofrecer un programa alternativo el cual deberá estar previsto en el PEI con base en el cual se le evaluará. Se agrega que la asignación académica de educación religiosa debe hacerse a docentes de esa especialidad o que posean estudios correspondientes al área y tengan certificación de idoneidad expedida por la respectiva autoridad eclesiástica. Finalmente, el Decreto 3433 de 2008 reglamentó la expedición de licencias de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media.

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LECCIÓN 4:

LA EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA, ESTÁNDARES EN EDUCACIÓN Y COMPETENCIAS CIUDADANAS48.

A partir de la Constitución Política de Colombia de 1991, que estipula la obligatoriedad de adelantar procesos de educación para la democracia tendientes a legitimar el orden institucional, se han promulgado diversas normas que incluyen este tema, por ejemplo: la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) y el Decreto 1860 de 1994. También en la Resolución 01600 de 1994 y el Plan Decenal del Ministerio de Educación Nacional (1996-2005) se encuentran algunas de las estrategias emprendidas por el gobierno hacia una política educativa derivada de la norma superior49. Como se verá, las pruebas masivas y la búsqueda de estándares nacionales e internacionales, así como el tema de las competencias ciudadanas, son estrategias que tienen una génesis y un alcance excluyentes. Mediante el uso de las metodologías cuantitativas y los enfoques psicologistas privilegiados por la tendencia de la cultura política cívica se han dado varias tentativas hacia una política educativa desde el gobierno nacional. Una de ellas fue la coordinada por la asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo (IEA), denominado Proyecto de Educación Cívica, en el que participaron 32 países. Este estudio, llevado a cabo en dos fases, Estudios Nacionales de Caso (noviembre de 1994 a abril de 1996) y aplicación de pruebas masivas (enero de 1997 a diciembre de 2000), tuvo como objetivo global “identificar y examinar en un marco comparativo la formación cívica de los jóvenes, para entender su rol como ciudadanos en sociedades democráticas y en sociedades que aspiran a la democracia, y para comprender los aspectos de identidad política que son importantes para ellos”50. Del informe final de este estudio se destaca que los jóvenes colombianos ocupan el último lugar en el campo de los conocimientos, situación atribuida por los autores a la poca importancia dada a las ciencias sociales en la educación básica y media, la escasa formación de los maestros encargados de la enseñanza de la cívica, la ausencia de estándares generales, la tardía aparición de lineamientos curriculares en esta área, deficiencias de lectura y comprensión y estructura familiar con baja formación académica y profesional. Se evidenció además una posición escéptica, e incluso negativa, de la política por parte de los jóvenes51. De otro lado, en la dirección de auscultar la cultura política de la escuela, en Bogotá la Alcaldía mayor y la Secretaría de Educación desarrollaron el estudio “Comprensión y Sensibilidad Ciudadana” entre el año 1999 y 2001, dirigido a la 48

Tomado de: VALBUENA LEGUÍZAMO, José Alfonso. Módulo de Cultura Política. UNAD, 2008. HERRERA, Martha Cecilia y otros. La construcción de cultura política en Colombia: Proyectos hegemónicos y resistencias culturales. Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, 2005. 50 HERRERA, Op. cit. Se cita a RODRÍGUEZ RUEDA, Álvaro. Formación democrática y educación cívica en Colombia. Un estudio nacional de caso., Bogotá, 1998. 51 HERRERA, Op. cit. 49

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evaluación de competencias básicas entre estudiantes de colegios públicos y privados, inspirado en los estándares fijados por las políticas internacionales. Se evaluaron tres dimensiones: 1) el desarrollo del juicio moral, 2) las representaciones mentales y actitudes, y 3) la información básica o conocimientos sobre el estado colombiano, su funcionamiento, financiación, formas de control y posibilidades de participación. De la evaluación hecha a estudiantes de 7° y 9° grado se dedujo que les importaba mucho sentirse consideradas buenas personas y que son sujetos conscientes de los sentimientos, acuerdos y expectativas de los grupos a los que pertenecen; se evidenciaron formas de representación de los conflictos muy centradas en la persona misma y en los núcleos sociales cercanos como familia y amigos, sin percibir de qué forma las acciones individuales afectan a otras personas con las que conviven. Para los autores del proyecto la situación en los colegios de calendario B es más positiva, aunque no es la óptima según los supuestos teóricos sobre el desarrollo moral52. En el documento “Estándares básicos en competencias ciudadanas”, elaborado por el Ministerio de Educación de Colombia y la Asociación Colombiana de Facultades de Educación en noviembre de 200353, El MEN postula las siguientes “Metas de Formación Ciudadana”: 1) Fomentar el desarrollo de conocimientos ciudadanos. 2) Promover el desarrollo de competencias comunicativas. Las competencias comunicativas se presentan como necesarias para establecer un diálogo en el que no se habla con la intención de hacer daño y en el que todos pueden expresar sus puntos de vista sin miedos de tal suerte que se facilite la negociación de conflictos y la deliberación sobre temas de interés común. 3) Promover el desarrollo de competencias cognitivas. Las competencias cognitivas son referidas a la capacidad para realizar diversos procesos mentales importantes en el ejercicio ciudadano. 4) Promover el desarrollo de competencias emocionales. Las competencias emocionales son las que nos permiten la identificación y respuesta constructiva ante las emociones propias y las de los demás. “Según se ha señalado, dedicarle tiempo al desarrollo de estas competencias sirve para potenciar el desarrollo intelectual y además para prevenir problemáticas complejas que el desarrollo intelectual por sí solo no logra evitar”. 5) Promover el desarrollo de competencias integradoras. Se dice que las competencias integradoras articulan, en la acción misma, todas las demás competencias y conocimientos. 6) Fomentar el desarrollo moral. La propuesta del MEN dice que “El desarrollo moral es el avance cognitivo y emocional que permite a las personas tomar decisiones cada vez más autónomas que reflejen preocupación por el bien común… Así por ejemplo, la empatía; el juicio moral para poder analizar, argumentar y dialogar sobre dilemas de la vida cotidiana; la descentración; la coordinación de perspectivas; y el pensamiento sistémico y complejo, están estrechamente relacionados con el desarrollo moral”.

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HERRERA, Op. cit. MINEDUCACIÓN – ASCOFADE. Formar para la ciudadanía… ¡sí es posible! Proyecto para la formulación de los estándares básicos en competencias ciudadanas. Educación básica y media, noviembre de 2003.

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Conforme con las metas mencionadas, para la formación ciudadana, se organizaron los estándares de competencias ciudadanas en tres grandes grupos: 1) Convivencia y paz. Se trata de “formar a los y las estudiantes para que cuenten con las competencias y conocimientos necesarios para relacionarse con otras personas de manera pacífica y constructiva, sin recurrir a la violencia”. 2) Participación y responsabilidad democrática. “Supone entender que como sujetos sociales de derechos, los niños, niñas y jóvenes del país pueden y deben participar políticamente por medios democráticos para generar transformaciones sociales”. 3) Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. Se habla de la multietnicidad y la multicultural de Colombia, del reconocimiento de que todos, a la manera de un calidoscopio, hemos aportado elementos para obtener visiones más amplias. Las críticas también se han enfocado al tema de los estándares en educación y a las “Competencias Ciudadanas”. Respecto a los estudios mencionados “Proyecto de Educación Cívica” y “Comprensión y sensibilidad ciudadana”, se afirma que se retorna a una idea del ciudadano virtuoso, portador de determinados valores, que le permiten actuar de manera moralmente adecuada para la sociedad. Se critica el hecho de que los atributos morales de los sujetos ciudadanos sean definidos antes de reconocer experiencias de los jóvenes, por tanto, se diseña un formato moral y políticamente adecuado al cual deben adaptarse los jóvenes para recibir una valoración o evaluación positiva o negativa en torno a su formación política y ciudadana. También se indica el riesgo que la expresión “cultura de la evaluación” trae en el sentido de buscar homogeneidad, pues las instituciones educativas perderían su especificidad en diversidad y pluralidad. Lo anterior se podría predicar igualmente en torno de las Competencias ciudadanas, tema que ha enfrentado debates importantes. La Federación Colombiana de Educadores – FECODE ha dicho que la tarea de la escuela, orientada a “formar en competencias”, significa formar en lo que los técnicos del Ministerio han decidido que deben “saber” y “saber hacer” los estudiantes; primero en cuanto a los conocimientos, y ahora en cuanto a la moral y la ética. El llamado retórico del Ministerio, dice la Federación, es a educar para obedecer la norma y la Ley, que en manos de la clase dirigente es la responsable de la miseria y pobreza de las grandes mayorías; “nuestro llamado es a formar para defender las instituciones democráticas; formar para la participación y la democracia, y en este ejercicio ciudadano poder asumir la tarea colectiva de transformar los factores generadores de injusticias y desigualdades”54. El profesor Jairo Estrada presenta una crítica a la definición de estándares en el contexto de construcción de un proyecto de Estado burocrático autoritario: “Una “expertocracia”, contratista del Estado, parece estar tomando las decisiones en este campo, a espaldas de la comunidad educativa. El autoritarismo se entroniza de esa forma en definiciones de política educativa de la mayor trascendencia, “el 54

GUEVARA, Jorge Eliécer. La Carta del Director. En: Revista Educación y Cultura. No. 68. FECODE, Bogotá., junio de 2005.

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saber (es) despojado de su objeto formativo; la pedagogía, reducida cada vez más a una relación instruccionista y homogenizador hacia un currículo único, cuya meta es responder a cierto tipo de visiones como la educación por competencias y la enseñanza según “Normas Técnicas Curriculares” 55. Carlos Fijari afirma que “la mejor educación en un sistema democrático será aquella que garantice la autodeterminación del sujeto y por ende no fije de antemano horizontes de sentido, a menos que por tal se entienda el propio proceso de autonomía y participación democrática”56.

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ESTRADA ÁLVAREZ, Jairo. Elementos para la crítica de la política educativa durante la istración de Uribe Vélez. En: http://www.espaciocritico.com/articulos/rev02/n2_a09.htm#_ftn1 56 FIJARI, Carlos. ¿Educación como alienación ética y ciudadana?. En: http://www.forolatino.org/documentos/texto-discusion-olped-figari.pdf.

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LECCIÓN 5:

PROBLEMÁTICA ACTUAL.

El profesor Henry Herrera57 afirma que el sistema de educación en Colombia es pobre; atrasado en contenidos, formas y procesos; excluyente; desintegrado; ineficiente; que no responde a las necesidades sociales e individuales y desconoce a sus principales actores: maestros, estudiantes y sociedad. Presentando un panorama relacionado con otros Estados, afirma que el país adolece de serias deficiencias en la construcción de valores y principios de convivencia, así como en competencias básicas. Agrega que la educación es de dudosa calidad y que la porción de la población que no accede a la educación de elite ni a la educación oficial “se ve obligada a acudir a establecimientos que se pueden llamar "de educación tugurial" o “de rebusque” a que están proliferando por todo el país y cuyas características más sobresalientes son: docentes sobreexplotados; escasos materiales didácticos; bajo proceso intelectual en labores académicas, y pésima calidad de unos docentes que no poseen la formación ética, moral, académica, científica y/o técnica que requiere un proceso de formación”. Siguiendo con el autor citado, en nuestro país se piensa que educación consiste en ir a la escuela y sentarse a recibir datos, la educación se revela no pertinente por la ausencia de valores, de conciencia crítica y de sensibilidad social. A este panorama se añade que la no pertinencia de la educación media hace incompatibles los conocimientos adquiridos con las necesidades de la educación superior; la no pertinencia de la educación incide en la baja calidad de la educación y la caracteriza; el bajo financiamiento de la educación se puede definir como de subsistencia precaria; el financiamiento a cargo de las familias vía educación privada es insuficiente para la puesta en marcha de un proyecto serio. El sistema de educación es desarticulado por no tener un objetivo común, por que no existe un proyecto de nación que permita encauzar el acervo educativo alrededor de unos principios o bases para construir la nacionalidad, la identidad y el futuro del país. Primero, la familia está ausente del proceso educativo (Llinás, 1995: 122); segundo, no existe el hilo conductor que congregue familias, sociedad, Estado y sector productivo en torno a objetivos comunes; tercero, los ciclos educativos no están articulados, lo que explica parcialmente el cuello de botella al finalizar cada ciclo educativo; cuarto, las políticas educativas implantadas desconocen la necesidad de articulación de los ciclos educativos58. Para terminar, sin reconocer la totalidad de factores que inciden en la problemática educativa, hay que mencionar el bajo reconocimiento social e institucional de los

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HERRERA SANTANA, Henry Javier. La baja calidad de la educación en Colombia. Curso: Problemas críticos colombianos. Proyecto Colombia un país por construir. Universidad Nacional de Colombia. http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2007072/lecciones/capitulo%203/primera%20parte/cap3_p parte_c1.htm 58 HERRERA SANTANA, Op. Cit.

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docentes y el limitado a las tecnologías de la información y la comunicación. Estas frases son elocuentes: “Ser maestro se ve como una profesión “de segunda”; la remuneración no se compadece con la enorme responsabilidad que acarrea la formación; no se desarrollan políticas que permitan actualizar conocimientos y métodos pedagógicos, que surgen cada día a un ritmo más acelerado. Los maestros mismos se subestiman, en algunos casos, son simplemente la cuota burocrática del cacique de turno, lo cual afecta el compromiso del docente con el país y con la tarea educadora. En Colombia se cumple el decir de Fernando Savater "Educar es un acto de valor", se cumple con creces, porque en Colombia educar correctamente puede sonar subversivo para los paraestados, y aun para el establecimiento ser maestro puede significar ser objetivo militar o blanco de persecución política”59. Con lo anterior, el problema de a las tecnologías de la información y la comunicación es un elemento de primer orden para la educación, pues los estudiantes, y ni siquiera los maestros poseen masivo a dichas tecnologías.

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HERRERA SANTANA, Op. Cit.

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CAPÍTULO 3:

EDUCACIÓN SUPERIOR Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO.

www.ciudadviva.gov.co/abril06/magazine/3/

En éste capítulo se presenta una descripción general de la normatividad de la educación superior y la educación para el trabajo en Colombia, se hará énfasis en la Ley 30 de 1992. Al final, se hará referencia a algunas de las problemáticas en este tipo de educación.

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LECCIÓN 1:

EDUCACIÓN SUPERIOR ANTES DE LA LEY 30 DE 1992.

En los capítulos y lecciones anteriores no hemos detallado la evolución de la educación superior en Colombia. El profesor Renán Silva nos ofrece un texto pertinente60 en que menciona cómo el atraso económico, el peso de la los herencia cultural de la sociedad colonial, la pobreza de la sociedad y la inestabilidad política fueron los datos básicos del primer siglo de vida republicana, y un contexto en el cual resultaba difícil el florecimiento de una institución universitaria con cuerpo docente estable, con gérmenes de programas de investigación y con una población universitaria creciente. Este autor menciona que: “Después de 1842 y a través de una de las reglamentaciones más prolijas que se conocieron en el siglo XIX, los conservadores, representados de manera visible por Mariano Ospina Rodríguez, intentaron controlar la politización estudiantil, reglamentar el al cuerpo docente, controlar la educación universitaria en las provincias y relanzar el estudio de las "ciencias útiles", bajo la idea de que había que dar prioridad "a los asuntos industriales y a las ciencias útiles, especialmente aquellas relacionadas con la agricultura".61 Al respecto afirma que se trató una vez más de un esfuerzo frustrado. Silva puntualiza que las reformas liberales del medio siglo, cuyo supuesto básico era el de terminar de una vez por todas con la "herencia colonial", significaron para la universidad el desmonte de las cátedras de ciencias naturales. El planteamiento de la organización de un sistema universitario nacional, dice silva, no se planteará de nuevo hasta 1867, con la fundación de la Universidad Nacional, bajo el Federalismo y con el auspicio de los gobiernos liberales. “Durante casi veinte años la Universidad Nacional cumpliría —de manera a veces accidentada— con esa función, y lograría, a través de la centralización de escuelas y de cátedras, de un sistema de becas para estudiantes de las provincias, de la incorporación de profesores nacionales y extranjeros, del sostenimiento de laboratorios de ciencias y del mantenimiento de un clima de libertad intelectual, los primeros gérmenes de una institución estable, con iniciales trabajos de investigación y con un cuerpo docente que por primera vez empezaba a formar una comunidad académica regida por convenciones que no dependían directamente de su adscripción a un bando político”. Sin embargo, la Regeneración significaría el desmonte de la Universidad Nacional como institución centralizada, acusada de ser el centro de "ideologías disolventes".62 Después de 1910 los grupos dirigentes volverían a plantearse al problema de la creación de un sistema universitario nacional, cuyo primer esbozo moderno se encontrará en la "refundación" de la Universidad Nacional… “Dirigentes liberales y

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SILVA, Renán. La Universidad Colombiana en el Siglo XIX. Entre la precariedad, la politización y las guerras civiles. En: Credencial Historia, Edición 154, Octubre de 2002, Bogotá. 61 SILVA, Op. Cit. 62 SILVA, Op. Cit.

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conservadores prestarán su apoyo a esa tarea, pero será la República Liberal la que firmará el acta de nacimiento de la nueva esperanza” 63. Pasados los años, en 1979, el legislativo le concedió facultades extraordinarias al Presidente de la República para “establecer la naturaleza, características y componentes del Sistema de Educación Post-secundaria, […] [fijar] requisitos para la creación y funcionamiento de instituciones públicas y privadas de educación post-secundaria, […] organizar la Universidad Nacional de Colombia y las demás universidades e institutos Oficiales de nivel post-secundario y […] expedir las normas sobre Escalafon Nacional para el Sector Docente […]”. Con estas facultades, el Gobierno expidió el Decreto-Ley 80 de 1980 en el que se contempla que “La Educación superior […] debe cumplir la función de reelaborar permanentemente y con flexibilidad nuevas concepciones de organización social, en un ámbito de respeto a la autonomía y a las libertades académicas de investigación, de aprendizaje y de cátedra”; y que “Dentro de los límites de la Constitución y la ley, las instituciones de educación superior son autónomas […]”64. El Decreto 80 de 1980 definió la educación superior como un servicio público que cumple una función social, e indicó que su prestación estaba a cargo del Estado y de los particulares que recibieran autorización de él. Fijó los requisitos mínimos que debían cumplir los docentes, definió sus dedicaciones y consagró la forma de contratación de profesores por hora cátedra. Para las universidades oficiales estableció los cargos que serían de libre nombramiento y remoción, y el tipo de vinculación que tendrían sus servidores. En esta disposición también se fijaron las normas generales sobre procesos disciplinarios docentes, la aprobación por parte del gobierno nacional de los reglamentos o estatutos internos de las universidades, sin la cual no podían aplicarse. Medidas restrictivas a la autonomía universitaria se fijaron en relación con: número de estudiantes que podían ser recibidos en el primer semestre de cada programa, las causas por las cuales se perdía la calidad de estudiante y la disposición de los recursos sujeta a la aprobación de los presupuestos por parte del Gobierno. El Decreto 2745 de 1980 limitó la libertad institucional para el desarrollo de los programas académicos a la exigencia de autorizaciones expedidas por el Instituto Colombiano de Fomento a la Educación Superior (ICFES), mediante la licencia de funcionamiento y la aprobación posterior para conceder el título profesional respectivo. Mediante Decreto 3191 de 1980 se establecieron las Unidades de Labor Académica, ULAS, como medida del trabajo de los estudiantes.65 63

SILVA, Op. Cit. VILLAMIL ARDILA, Carol. Alcance de la autonomía universitaria en Colombia, 1980-2002. Una reflexión desde la evolución legislativa y jurisprudencial. En: http://www.aspucol.org/16articulos/gobernabilidad_y_autonomia/alcance%20de%20la%20autonomia%20universitaria%20en%20colom bia.doc. 65 VILLAMIL ARDILA, Op. Cit. 64

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LECCIÓN 2:

LEY 30 DE 1992.

En el gobierno de César Gaviria se expidió la Ley 30 de 1992, por la cual se organizó el servicio público de la Educación Superior. En esta Ley se concibe la Educación Superior como un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional. Se estableció en la Ley 30 de 1992, que la Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado, que el Estado garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del servicio educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior. Se consagró que la Educación Superior “despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el país. Por ello, la Educación Superior se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra”. Como objetivos de la educación Superior se consagraron: a) Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país. b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones y, promover su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del país. c) Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución. d) Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel nacional y regional. e) Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y formativas. f) Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el logro de sus correspondientes fines. g) Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus necesidades. h) Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la articulación con sus homólogas a nivel internacional. i) Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y cultura ecológica. j) Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país.

A los programas de pregrado se les asignó como función: preparar para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica o en el área de las 71

humanidades, las artes y la filosofía. Como programas de postgrado se señalaron: las especializaciones, las maestrías, los doctorados y los post doctorados. Las instituciones de Educación Superior pueden ser: a) Instituciones Técnicas Profesionales, b) Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas, y c) Universidades. A estas instituciones se les reconoce la Autonomía Universitaria: el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y istrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, itir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. Artículo 28. Se encarga el fomento, la inspección y vigilancia de la enseñanza al Presidente de la República. De carácter permanente se creó el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), como organismo del Gobierno Nacional vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con funciones de coordinación, planificación, recomendación y asesoría. Se establecen las funciones del CESU: proponer al Gobierno Nacional políticas y planes para la Educación Superior; asesorar en la reglamentación y procedimientos para organizar el Sistema de Acreditación, el Sistema Nacional de Información, organizar los exámenes de estado, la creación de las instituciones de Educación Superior, establecer los requisitos de creación y funcionamiento de los programas académicos; la suspensión de las personerías jurídicas de instituciones; los mecanismos para evaluar la calidad académica de las instituciones y de sus programas. En esta Ley se señala que el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Educación Nacional, cuyas funciones son: ejecutar las políticas que en materia de Educación Superior trace el Gobierno Nacional; ejercer la Secretaría Técnica del CESU; constituirse en centro de información y documentación de la Educación; realizar los estudios de base de la Educación Superior; estimular la cooperación entre las instituciones de Educación Superior y de éstas con la comunidad internacional; colaborar con las instituciones de Educación Superior para estimular y perfeccionar sus procedimientos de autoevaluación; fomentar la preparación de docentes, investigadores, directivos y es de la Educación Superior; promover el desarrollo de la investigación en las instituciones de Educación Superior; estimular el desarrollo de las instituciones de Educación Superior en las regiones, así como su integración y cooperación; homologar y convalidar títulos de estudios cursados en el exterior; definir las pautas sobre la nomenclatura de los programas académicos de Educación Superior; realizar los exámenes de Estado. Con la Ley 30 de 1992 se creó el Sistema Nacional de Acreditación para las instituciones de Educación Superior cuyo objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que las instituciones que hacen parte del Sistema cumplen los más altos 72

requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos. Se menciona que la autoevaluación institucional es una tarea permanente de las instituciones de Educación Superior y hará parte del proceso de acreditación. Agrega esta Ley, que las universidades estatales u oficiales deben organizarse como entes universitarios autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo. La Ley 30 crea el Sistema de Universidades del Estado, integrado por todas las universidades estatales u oficiales, con funciones para: a) Racionalizar y optimizar los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros. b) Implementar la transferencia de estudiantes, el intercambio de docentes, la creación o fusión de programas académicos y de investigación, la creación de programas académicos conjuntos, y c) Crear condiciones para la realización de evaluación en las instituciones pertenecientes al sistema. En esta Ley se autoriza a las personas naturales y jurídicas de derecho privado a crear instituciones de Educación Superior, acreditando ante el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), que están en capacidad de cumplir la función que a aquéllas corresponde y que la enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética, académica, científica y pedagógica. Finalmente, se ordena a las instituciones de Educación Superior a adelantar programas de bienestar entendidos como el conjunto de actividades que se orientan al desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal istrativo.

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LECCIÓN 3:

NORMAS POSTERIORES A LA LEY 30

El régimen orgánico especial de la Universidad Nacional de Colombia se estructuró mediante Decreto 1210 de 1993. “La Universidad Nacional de Colombia es un ente universitario autónomo del orden nacional, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con régimen especial, Podrá crear y organizar sedes y dependencias, y adelantar planes, programas y proyectos, por sí sola o en cooperación con otras entidades públicas o privadas y especialmente con las universidades e institutos de investigación del Estado”. En este mismo año, el Decreto 1212 estableció los requisitos para el reconocimiento como Universidad de una institución universitaria o Escuela tecnológica; y el Decreto 1229 reglamentó la ley 30 de 1992 en cuanto a la Conformación del CESU. Mediante Ley 749 de 2002 se organiza el servicio público de la educación superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica. Define a las instituciones técnicas profesionales como aquellas que se caracterizan por su vocación e identidad manifiesta en los campos de los conocimientos y el trabajo en actividades de carácter técnico, debidamente fundamentadas en la naturaleza de un saber, cuya formación debe garantizar la interacción de lo intelectual con lo instrumental, lo operacional y el saber técnico. Caracteriza a las instituciones tecnológicas por su vocación e identidad manifiestas en los campos de los conocimientos y profesiones de carácter tecnológico, con fundamentación científica e investigativa. Señala que las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas de educación superior deben organizar su actividad formativa de pregrado en ciclos propedéuticos de formación en las áreas de las ingenierías, la tecnología de la información y la istración, así: a) El primer ciclo orientado a generar competencias y desarrollo intelectual como el de aptitudes, habilidades y destrezas al impartir conocimientos técnicos necesarios para el desempeño laboral en una actividad, en áreas específicas de los sectores productivo y de servicios, que conducirá al título de Técnico Profesional. b) El segundo ciclo orientado a la fundamentación y apropiación de los conocimientos científicos y la comprensión teórica para la formación de un pensamiento innovador e inteligente, con capacidad de diseñar, construir, ejecutar, controlar, transformar y operar los medios y procesos que han de favorecer la acción del hombre en la solución de problemas que demandan los sectores productivos y de servicios del país. c) El tercer ciclo orientado a hacer explícitos los principios y propósitos que orientan la educación desde una perspectiva integral, considerando, entre otros aspectos, las características y competencias que se espera posea el futuro profesional. En la Ley 749 se especifica que las instituciones técnicas profesionales, en uso de su autonomía responsable, fijarán los criterios que permitan la homologación o validación de contenidos curriculares a quienes hayan cursado sus estudios de educación media en colegios técnicos, teniendo en cuenta el reconocimiento de los títulos otorgados por las instituciones del sistema. En el año 2003, el Decreto 1781 reglamenta los Exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior, ECAES, de los estudiantes de los programas 74

académicos de pregrado y define sus objetivos. Se asigna al ICFES las funciones de dirección, coordinación, diseño, aplicación, obtención y análisis de los resultados de los Exámenes de Calidad de la Educación Superior, ECAES. El Decreto 2216 de 2003 establece los requisitos para la redefinición y el cambio de carácter académico de las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas, públicas y privadas. Se concibe la redefinición como un proceso institucional integral de reforma estatutaria, académica y istrativa que asume voluntariamente una institución técnica profesional o tecnológica para organizar la actividad formativa de pregrado en ciclos propedéuticos de formación en las áreas de las ingenierías, la tecnología de la información y la istración. Para ello se requiere solicitar al Ministro de Educación Nacional la ratificación de la reforma estatutaria conducente a la redefinición. Establece que “El cambio de carácter académico es un proceso institucional integral de reforma estatutaria, académica y istrativa mediante el cual una institución de educación superior de carácter técnico profesional puede convertirse en institución tecnológica, institución universitaria o escuela tecnológica y una institución tecnológica puede convertirse en escuela tecnológica o institución universitaria”. Este Decreto señala los requisitos y procedimientos respectivos. Por medio del Decreto 2566 de 2003 se establecieron las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior. En el año 2005, el Decreto 2170 de 2005 se modificaría esta disposición. El Decreto 2566 de 2003 estableció que para obtener el registro calificado, las instituciones de educación superior deberían demostrar el cumplimiento de condiciones mínimas de calidad y de las características específicas: denominación académica del programa; justificación del programa; aspectos curriculares; organización de las actividades de formación por créditos académicos; formación investigativa; proyección social; selección y evaluación de estudiantes; personal académico; medios educativos; infraestructura; estructura académico-istrativa; autoevaluación; políticas y estrategias de seguimiento a egresados; Bienestar Universitario; y recursos financieros. También se estableció que las instituciones de educación superior expresarían en créditos académicos el tiempo del trabajo académico del estudiante, según los requerimientos del plan de estudios del respectivo programa, sin perjuicio de la organización de las actividades académicas que cada institución defina en forma autónoma para el diseño y desarrollo de su plan de estudios. Se dispuso que un crédito equivale a 48 horas de trabajo académico del estudiante, que comprende las horas con acompañamiento directo del docente y demás horas que el estudiante deba emplear en actividades independientes de estudio, prácticas, u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje, sin incluir las destinadas a la presentación de las pruebas finales de evaluación. El número total de horas promedio de trabajo académico semanal del estudiante correspondiente a un crédito, es el que resulta de dividir las 48 horas totales de trabajo por el número de semanas. Esta regulación también abordó el tema del registro calificado, como el reconocimiento que hace el Estado del cumplimiento de las 75

condiciones mínimas de calidad para el adecuado funcionamiento de programas académicos de educación superior, mediante su incorporación en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES, y la asignación del código correspondiente. La vigencia que se definió para el registro calificado fue de siete (7) años contados a partir de la ejecutoria de la resolución que lo otorga. El Decreto 2566 de 2003 reguló los procedimientos para la solicitud del registro calificado, la designación de pares académicos, el proceso de evaluación, el concepto sobre la procedencia del otorgamiento de registro calificado, el concepto para programas nuevos y la renovación del registro calificado. En esta disposición se consagró que las instituciones de educación superior que se acrediten institucionalmente podrán ofrecer y desarrollar programas académicos de pregrado y especialización en cualquier parte del país, y que las que cuenten con programas acreditados de alta calidad, podrán ofrecerlos y desarrollarlos en extensión, en cualquier parte del país. Con la Ley 1084 de 2006 se ordenó a las Instituciones de Educación Superior de carácter público y privado a otorgar el 1% de sus cupos a los bachilleres de los departamentos donde no haya instituciones de educación superior y otro 1%, a los aspirantes que provengan de municipios de difícil o con problemas de orden público. Se ordenó al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, conceder una línea de crédito en condiciones especiales para esta población educativa, después de ser relacionados en lista de itidos por las Instituciones de Educación Superior públicas o privadas. El tema del registro calificado se retomó con la Ley 1188 de 2008. Esta Ley contempla que: “El registro calificado es el instrumento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior mediante el cual el Estado verifica el cumplimiento de las condiciones de calidad por parte de las instituciones de educación superior”. Se establecieron las siguientes condiciones de calidad para obtener el registro calificado de los programas académicos: La correspondencia entre la denominación del programa, los contenidos curriculares y el logro de las metas para la obtención del correspondiente título. La adecuada justificación del programa para que sea pertinente frente a las necesidades del país y el desarrollo cultural y científico de la Nación. El establecimiento de unos contenidos curriculares acordes con el programa que se ha establecido y que permitan garantizar el logro de los objetivos y sus correspondientes metas. La organización de todas aquellas actividades académicas que fortalezcan los conocimientos teóricos y demuestren que facilitan las metas del proceso formativo. La adecuada formación en investigación que establezca los elementos esenciales para desarrollar una actitud crítica, la capacidad de buscar alternativas para el desarrollo del país. La adecuada relación, efectiva con el sector externo, que proyecte a la universidad con la sociedad. El fortalecimiento del número y calidad del personal docente para garantizar, de una manera adecuada, las funciones de docencia, investigación y extensión. El uso adecuado y eficiente de los medios educativos de enseñanza que faciliten el aprendizaje y permitan que el profesor sea un guía y orientador y el estudiante sea autónomo y participante. La garantía 76

de una infraestructura física en aulas, bibliotecas, auditorios, laboratorios y espacios para la recreación y la cultura, que permitan la formación integral de los estudiantes como ciudadanos de bien y garanticen la labor académica. Las Condiciones de carácter institucional señaladas son las siguientes. El establecimiento de adecuados mecanismos de selección y evaluación de estudiantes y profesores, en donde se garantice la escogencia por méritos y se impida cualquier discriminación por raza, sexo, credo, discapacidad o condición social. La existencia de una estructura istrativa y académica flexible, ágil y eficiente, al servicio de la misión de las instituciones de educación superior. El desarrollo de una cultura de la auto evaluación, que genere un espíritu crítico y constructivo de mejoramiento continúo. La existencia de un programa de egresados que haga un seguimiento a largo plazo de los resultados institucionales, involucre la experiencia del egresado en la vida universitaria y haga realidad el requisito de que el aprendizaje debe continuar a lo largo de la vida. La implantación de un modelo de bienestar universitario que haga agradable la vida en el claustro y facilite la resolución de las necesidades insatisfechas en salud, cultura, convivencia, recreación y condiciones económicas y laborales. La consecución de recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las metas con calidad, bienestar y capacidad de proyectarse hacia el futuro, de acuerdo con las necesidades de la región y del país.

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LECCIÓN 4:

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO.

El Decreto 114 de 1996 reglamentó la creación, organización y funcionamiento de programas e instituciones de educación no formal. Se definió el servicio educativo no formal como el “conjunto de acciones educativas que se estructuran sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos en el artículo 11º de la Ley 115 de 1994”; y su objeto: “complementar, actualizar, suplir conocimientos, formas en aspectos académicos o laborales y en general, capacitar para el desempeño artesanal, artístico, recreacional, ocupacional y técnico, para la protección y aprovechamiento de los recursos naturales y de la participación ciudadana y comunitaria, a las personas que lo deseen o lo requieran”. Los campos autorizados para ofrecer programas, son: laboral, académico, preparación para la validación de niveles y grados propios de la educación formal, y participación ciudadana y comunitaria. Se facultó a las instituciones de educación no formal para ofrecer además, programas de educación informal. A las instituciones de educación no formal se les autorizó para expedir certificados de aptitud ocupacional los certificados de aptitud ocupacional: de Técnico (con una duración mínima de mil 1.000 horas), de conocimientos académicos (con una duración mínima de 320 horas), certificado para la validación de niveles, ciclos y grados de la educación formal, y certificado en promoción comunitaria (con una duración mínima de 320 horas). El Decreto 3011 de 1997 estableció normas para el ofrecimiento de la educación de adultos con los principios básicos de Desarrollo Humano Integral, pertinencia y participación. Se asignó a la educación de adultos la posibilidad de ofrecer programas de alfabetización, educación básica, educación media, educación no formal y educación informal. Mediante Ley 1064 de 2006 se dictaron normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal en la Ley General de Educación. Se reemplazó la denominación de Educación no formal por Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. El objetivo es la formación de técnicos laborales y expertos en las artes y oficios. Quedó sentado que los certificados de aptitud ocupacional, expedidos por las instituciones acreditadas como de “Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano”, serán reconocidos como requisitos idóneos de formación para acceder a un empleo público en el nivel técnico. La reglamentación de la creación, organización y funcionamiento de las instituciones que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano, se realizó a través del Decreto 2888 de 2007. Se autorizó el ofrecimiento de programas de formación laboral y de formación académica. Los primeros tienen por objeto preparar a las personas en áreas específicas de los sectores productivos y desarrollar competencias laborales específicas relacionadas con las áreas de desempeño referidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que permitan ejercer una actividad productiva en forma individual o colectiva como 78

emprendedor independiente o dependiente. Los programas de formación académica tienen por objeto la adquisición de conocimientos y habilidades en los diversos temas de la ciencia, las matemáticas, la técnica, la tecnología, las humanidades, el arte, los idiomas, la recreación y el deporte, el desarrollo de actividades lúdicas, culturales, la preparación para la validación de los niveles, ciclos y grados propios de la educación formal básica y media y la preparación a las personas para impulsar procesos de autogestión, de participación, de formación democrática y en general de organización del trabajo comunitario e institucional. Los certificados de aptitud ocupacional que pueden ser expedidos son: certificado de Técnico Laboral por Competencias y certificado de Conocimientos Académicos. También se señalaron el número de horas académicas, la articulación con la educación media y la articulación con la educación superior. La organización del Sistema de Calidad de Formación para el Trabajo se dio mediante Decreto 2020 de 2006 Esta formación fue definida como “el proceso educativo formativo, organizado y sistemático, mediante el cual las personas adquieren y desarrollan a lo largo de su vida competencias laborales, específicas o transversales, relacionadas con uno o varios campos ocupacionales referidos en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que le permiten ejercer una actividad productiva como empleado o emprendedor de forma individual o colectiva”. Dentro del Sistema de Calidad se reconocen al “organismo de tercera parte” como “una organización pública o privada que no es oferente de servicios de formación para el trabajo, especializada y reconocida públicamente por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)”.Los organismos de tercera parte se acreditan mediante un proceso para ser especializado en procesos de evaluación y certificación de la calidad, recibiendo la autorización por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), para llevar a cabo la certificación de calidad de los programas e instituciones oferentes de formación para el trabajo. El Sistema de Calidad de la Formación para el Trabajo SCAFT, “Es el conjunto de mecanismos de promoción y aseguramiento de la calidad, orientados a certificar que la oferta de formación para el trabajo cuenta con los medios y la capacidad para ejecutar procesos formativos que respondan a los requerimientos del sector productivo y reúnen las condiciones para producir buenos resultados”.

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LECCIÓN 5:

PROBLEMÁTICA ACTUAL.

Según datos suministrados por Henry Herrera, en Colombia más del 70% de la oferta educativa en educación superior es de carácter privado, al paso que la experiencia mundial en la mayoría de los casos es inversa: por lo menos el 70% de la educación superior tiene carácter de oficial. Las brechas entre educación de elite, educación oficial y los “garajes”, se evidencian en la calidad de insumos, recursos, dotaciones, subsidio cultural y a las tecnologías, entre otros aspectos. Asegura el autor en cita, que “El país tiene una estructura educativa para las elites que se forman con una visión lejana de la realidad nacional y otra para la gran mayoría que no tiene alternativas frente a una educación oficial en descenso o una educación de barrio o de “garaje””. Para acentuar más la problemática de la educación superior, la oferta se concentra en las cuatro principales áreas urbanas, tan solo se tiene un 2% de la matrícula en las áreas de Ciencias Naturales y Matemáticas y se concentra en las profesiones liberales clásicas, mientras continúa siendo mínima la matrícula en las áreas del conocimiento científico, tecnológico, humanístico y estético, indispensables para el desarrollo social, económico y cultural del país66. Darío Abad afirma que el proceso expansivo de la educación superior en Colombia se caracteriza por dos elementos importantes: se da el crecimiento de la educación superior sin haberse dado antes el de la primaria y la secundaria; y se presenta una contradicción propia de la sociedad moderna en cuanto la equidad social y la igualdad de oportunidades que otorgaría la educación se desvanecen. A lo anterior se le suma que en nuestro país hay un evidente desequilibrio entre ocupación laboral y educación superior que se manifiesta con un alto índice de desempleo profesional67. En cifras, un análisis comparativo de la educación superior en Colombia respecto a otros países de Suramérica, arroja los siguientes resultados: “En 1997 el porcentaje de población mayor de 25 años con educación superior era de 9.9%; en Argentina era de 19.7%, en Chile de 15.8% y en Venezuela de 18%. El número de publicaciones científicas, en el mismo año era de 178 en Colombia contra 1944 en Argentina, 3511 en Brasil, 808 en Chile y 398 en Venezuela. El número de s de internet en el año 2000 por cada 10.000 habitantes era de 160 en Colombia, 243 en Argentina, 256 en Chile y 393 en Venezuela. El gasto en ciencia y tecnología como porcentaje del PIB, en 1997 era de .41% en Colombia, de 0.38 en Argentina, de 0.68 en Chile y de 0.87 en Venezuela. El promedio de estudiantes por institución superior en el año 2000 era de 2.596 en Colombia, 9.407 en Argentina, 3.022 en Chile y 12.576 de Venezuela. El porcentaje de docentes con formación de doctorado en el año 2000 era de 2.2% en Colombia, de 12% en Argentina y de 12.5% en Chile. El costo por estudiante año en el sector

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HERRERA, Henry, Op. Cit. ABAD ARANGO, Darío. Reflexiones sobre la educación superior en Colombia y propuestas de acción. En: http://www.ascolfa.edu.co/mod/docs/docs/propuestas%20de%20accion.doc

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de la universidad pública era de u.s$3405 en Colombia, de u.s$2.670 en Argentina, de u.s.$1.855 en Chile y de u.s.$3.530 en Venezuela68. Abad enumera tres problemas significativos de la educación superior en Colombia: 1) Panorama institucional altamente heterogéneo caracterizado por los siguientes rasgos: alta participación de instituciones privadas, tamaño pequeño de las instituciones, oferta se concentra en áreas del conocimiento de alta demanda y reducidos costos, sistema de contratación de docentes por hora cátedra, financiamiento basado en matriculas, poca capacidad de investigación, crecimiento inorgánico, desarticulado. 2) La universidad pública muestra síntomas de parálisis y descapitalización: han decaído las inversiones en infraestructura, tecnología y equipamiento, hay un preocupante envejecimiento de la plantas docentes, las estructuras istrativas están politizadas y burocratizadas, los programas son rígidos, inflexibles, estáticos y en muchos casos desactualizados, los sistemas de enseñanza aprendizaje son tradicionales e inadecuados. 3) Los controles burocráticos del estado se ejercen en un marco de restricciones legales, y istrativas que generan ineficiencia, inmovilismo y sobrecostos.

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ABAD ARANGO, Op. Cit.

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